El Grupo Municipal Socialista considera que el incremento de impuestos a principio de mandatos y su ajuste progresivo en función de la cercanía de las elecciones locales obliga a establecer pautas de consenso entre las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento para erradicar el partidismo.
Por ello, el portavoz socialista, Juan María Calles, propone un Pacto por la Fiscalidad para sacar este debate de la discusión partidista: “El objetivo esencial del pacto es garantizar los recursos suficientes y necesarios que el Ayuntamiento de Castellón precisa, de manera que se pueda establecer un calendario presupuestario de las inversiones y por tanto, de la ejecución de los proyectos de infraestructuras y servicios para el desarrollo de la ciudad”.
El líder de la oposición apuesta por establecer un pacto fiscal municipal que priorice la cobertura de los servicios con criterios sociales y, por otro lado, garantice los recursos financieros municipales para abordar las inversiones estratégicas. Calles defiende la necesidad de impulsar una política económica dirigida a fomentar la cohesión social, en la que se prime la máxima correspondencia entre los presupuestos y la ejecución de proyectos, así como el control y la racionalización de los gastos.
El Pacto Fiscal Municipal se basaría en cinco puntos:
Consenso de la política impositiva entre los partidos con representación en el Ayuntamiento de Castellón.
Sometimiento de la revisión de las ordenanzas fiscales municipales al Consejo Social de la Ciudad. Hasta la creación de este órgano, se debería informar al Consejo Municipal de Participación Ciudadana.
Fijar como marco de la revisión fiscal el índice de precios al consumo. Cualquier otra alteración debe contar con la justificación técnica del área de Intervención General.
Aplicar recortes del gasto corriente antes de recurrir a la subida de los impuestos y tasas municipales.
Establecer exenciones, bonificaciones y deducciones fiscales para colectivos desfavorecidos. Por ejemplo, en el IBI, que no sólo se aplicaría a las familias numerosas, sino a los residentes de más de 65 años con pensiones reducidas y a las mujeres víctimas de la violencia de género. Ajuste de las tasas en función de los ingresos de colectivos sensibles, como la juventud, la gente mayor y los discapacitados. Bonificar el impuesto de obras y construcciones a los propietarios del centro que presenten proyectos de rehabilitación.