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El subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio Lorenzo, ha declarado que “lamentablemente, la incompetencia del señor Pérez, y de sus compañeros de equipo de Gobierno, ha impedido que hasta la fecha la ciudad de Castellón se haya podido beneficiar de las subvenciones correspondientes al 1% cultural”. Según ha desvelado Lorenzo, el 15 de febrero de 2007, el subdirector general de Gestión de Ayudas, Subvenciones y Proyectos del Ministerio de Fomento, José María Verdú,  se dirigió por carta al alcalde de Castellón explicándole que “los fondos del 1% cultural del Ministerio de Fomento se dedican fundamentalmente a financiar actuaciones de rehabilitación o conservación del patrimonio histórico, concretamente a proyectos de restauración y rehabilitación de bienes inmuebles declarados Bien de Interés Cultural (BIC), si bien la orden CUL/596/200/ (BOE 15 de marzo de 2005) establece la posibilidad de financiar trabajos de fomento a la creatividad artística”.

Por lo anteriormente expuesto, el subdirector general continuaba diciendo en su escrito que para que la Comisión Mixta de los ministerios de Fomento y Cultura pueda informar positivamente sobre  la petición formulada por el Ayuntamiento de Castellón, definida por el consistorio como actuación en las rotondas situadas en la autovía de acceso al puerto de Castellón  “el Ayuntamiento debe presentar formalmente una solicitud de financiación remitiendo la propuesta técnica y artística de intervención en las rotondas y la documentación que justifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden CIL/596/2005”.

Lo “triste” del caso, según Antonio Lorenzo, es que “el Ayuntamiento de Castellón no ha remitido a Fomento la documentación requerida”. Por lo tanto, añade, “los ciudadanos de Castellón deben saber que si hasta la fecha nuestra capital no ha recibido cantidad económica alguna con cargo al 1% cultural, ha sido por la incompetencia de la que hace gala el actual equipo de Gobierno”. El subdelegado recomienda “prudencia” al señor Pérez a la hora de realizar manifestaciones públicas, porque “como jurista que es, debería recordar que los gobiernos no pueden actuar al margen de la ley, y deben velar porque ésta se cumpla”. Añade que por lo tanto, “resulta sorprendente que se exija el pago de una cantidad para la financiación de un proyecto que aún está por concretar”.

La Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos de obras públicas una partida de al menos el 1% cultural a trabajos de conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico español  o al fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno.

La propuesta de aprobación de los proyectos presentados es realizada por una Comisión Mixta de la que forman parte los ministerios de Fomento y Cultura.