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La concejala Isabel Sabater, portavoz del área de Medioambiente y Sostenibilidad del grupo municipal socialista, ha recordado la “nula sensibilidad del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Castellón para dar solución a las quejas vecinales por la contaminación acústica en Puerto Azahar del Grao".

Sabater ha exigido una explicación al Partido Popular por las molestias que causa el mercadillo de artesanía emplazado en el área de ocio del Grau desde principios de julio, actividad que permanecerá abierta hasta septiembre, y donde más de medio centenar de paradas han sido habilitadas de forma permanente en este punto del distrito marítimo, con un horario de apertura que va desde las 18 horas hasta más allá de la medianoche.

La Asociación Vecinal y Cultural Mediterrània presentó una queja formal el 19 de julio en el registro de entrada del Ayuntamiento, sin que a fecha de hoy se haya recibido respuesta oficial. La misma contestación que se obtuvo el año pasado ante una protesta de similar naturaleza.

“Una actitud que dice poco de una Administración que debiera estar siempre del lado de la ciudadanía, más aún si la queja en cuestión está relacionada con la merma de la calidad de vida a la que todos tenemos derecho”, ha explicado Isabel Sabater.

"La actividad de los establecimientos comerciales se está demostrando incompatible con el derecho al descanso de los centenares de residentes en las dos manzanas de viviendas situadas frente a Puerto Azahar" ha señalado la edila socialista.

Por este motivo, la concejala socialista se ha solidarizado con el vecindario y ha instado al Gobierno local a "aplicar de forma inmediata e inexcusable la normativa municipal".

Asimismo, Isabel Sabater ha recordado el informe emitido en su día por el Síndic de Greuges sobre la contaminación acústica en la Comunitat Valenciana, que cuestionaba la falta de decisión de los responsables de la Administración pública para atajar el ruido urbano.

La Sindicatura subrayaba la existencia de un arsenal de recursos correctores y sancionadores, tanto al alcance de la autoridad autonómica como de la municipal, que deberían ponerse en práctica ante situaciones en las que el ciudadano era víctima de la contaminación acústica.