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El portavoz del grupo municipal socialista, Juan María Calles, ha hecho público esta mañana que desafía al alcalde de Castellón, Alberto Fabra, del Partido Popular, a que siga el ejemplo de la presidenta de las Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, y traslade al Ayuntamiento el recorte de sueldos para los cargos públicos aplicado en el Parlamento autonómico. Martínez ha propuesto una rebaja radical de su sueldo, fijado hasta ahora en 124.740 euros, hasta situarlo en los 77.988 percibidos por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Los socialistas han explicado que Alberto Fabra forma parte del triunvirato de cargos públicos valencianos con salario público más alto. El alcalde de Castellón cobra 86.000 euros al año del Ayuntamiento, al margen de las dietas a las que tiene derecho por su condición de diputado autonómico. Sólo se ve superado en este ranking por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (98.000 euros) y por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (92.400 euros). Los tres tienen una nómina que supera la de Camps y los dos últimos, incluso, la del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene un sueldo anual de 89.303 euros.

Calles ha manifestado que considera que la adecuación de las retribuciones de los cargos de las Corts con las del Consell entra dentro de “la lógica de las responsabilidades políticas que debería aplicarse en el conjunto de las instituciones”. “La ciudadanía comienza a estar harta de la euforia con que los gobernantes de turno abordan el debate de los sueldos públicos”, ha explicado el socialista, quien se ha mostrado partidario de aplicar medidas para homogeneizar las retribuciones públicas, incluso a través de la vía legislativa si es necesario.

Calles ha apuntado que el sueldo de Alberto Fabra sobrepasa los límites establecidos por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que en 2003 reguló las cantidades máximas a percibir por los cargos municipales, en función de la población, el presupuesto municipal y el número de concejalías del Ayuntamiento. La tabla salarial equiparaba las percepciones de los alcaldes de los municipios de más de 100.000 habitantes con los de los consellers, en torno a los 66.000 euros brutos anuales. Alberto Fabra supera este tope en 20.000 euros.

“Alberto Fabra ha tenido un buen maestro en su padrino político, Carlos Fabra”, quien no sólo se ha adjudicado un sueldo de 92.000 euros anuales como presidente de la Diputación, sino que lo compatibilizará con la actividad privada como abogado y corredor de seguros, además de las dietas por asistencia a los plenos del Ayuntamiento de Castelló. “Alberto Fabra tiene una buena ocasión para distanciarse de modos de gobernar poco ejemplares e iniciar la vía del talante y la coherencia que se trata de seguir ahora en las Cortes, una institución a la que, además, Fabra pertenece como diputado”.

No obstante, el portavoz del grupo municipal socialista se muestra escéptico sobre la voluntad del PP de Castellón de asimilar los criterios salariales de las Corts, porque “de alguna manera supondría reconocer también la equiparación entre los concejales del Ayuntamiento de Castellón”. Mientras los diputados autonómicos cobran un salario idéntico, sin tener en cuenta el partido al que pertenecen, en Castellón sólo los concejales del equipo de gobierno tienen sueldos que les permiten una dedicación plena a la vida política municipal. “De momento, aquí el único recorte de sueldos es el de la oposición”, ha indicado Calles.

Para el socialista, la falta de racionalidad en la política salarial del Ayuntamiento de Castellón se puso de manifiesto en la primera semana de gobierno municipal. “Dos concejales de perfil político bajo, como Miquel Soler y Marisa Ribes, fueron agraciados con dos dedicaciones exclusivas y cobrarán un sueldo superior a los del vicealcalde y los concejales responsables de las cuatro grandes áreas de gestión del nuevo organigrama municipal”, ha explicado Calles. Soler y Ribes percibirán un sueldo de 70.000 euros, también superior al de los consellers de la Generalitat.