El PSPV aduce la ausencia de catas en la plaza de la Farola y los incumplimientos legales de las obras del Tram en su denuncia al Ministerio
El portavoz socialista de Castellón, Juan María Calles, afirma que “el proyecto de hormigonar el parque Ribalta es una barrabasada que no tiene ni pies ni cabeza”
La denuncia presentada ante el Ministerio de Cultura se acoge a las disposiciones de la Ley del Patrimonio Histórico Español, una norma de rango superior a las autonómicas por medio de la cual se protegen los bienes integrantes del patrimonio histórico que sean puestos en peligro de destrucción o deterioro. La documentación presentada por el grupo socialista de Castellón alerta de la inminencia de las obras y de los “daños irreversibles” que se producirán en el conjunto histórico-artístico. La Conselleria de Infraestructuras prevé acometer la urbanización del parque castellonense a partir del lunes.
El texto de la denuncia refleja que las obras en el parque Ribalta están supeditadas al cumplimiento de los condicionantes exigidos por la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano y, en concreto, el correspondiente a la elaboración de un plan especial que coordine la intervención. El plan en cuestión ha sido aprobado de forma provisional por el Ayuntamiento, pero lleva un año paralizado en la Generalitat, organismo encargado de validarlo.
Otro de los aspectos que supuestamente vulnerarían la legalidad en materia de protección cultural es el incumplimiento de las exigencias arqueológicas establecidas por el Gobierno valenciano. La autorización de Patrimonio supeditaba la realización del proyecto a la excavación del denominado Fuerte de la Libertad, y a la valoración arqueológica y arquitectónica del refugio subterráneo de la guerra civil española ubicado en la plaza de la Farola, dado que el trazado de la línea de transporte guiado del Tram coincide en su totalidad con dichos yacimientos.
Por otro lado, se informa al Ministerio de Cultura del presunto incumplimiento de la legalidad al haberse modificado el proyecto de acondicionamiento del paseo central del parque sin una nueva autorización de Patrimonio. “El proyecto de hormigonar el Ribalta es una barrabasada que no tiene ni pies ni cabeza”, explica Calles, quien resalta que la Ley del Patrimonio Histórico Español establece que “las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien del Patrimonio Histórico Español deberán ponerlo en conocimiento de la Administración competente, que actuará con arreglo a la ley”.
La ley considera expoliación “toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español o perturbe el cumplimiento de su función social”. En tales casos la Administración del Estado, con independencia de las competencias que correspondan a las autonomías, en cualquier momento, instará al Gobierno de la comunidad autónoma a la adopción con urgencia de las medidas conducentes a evitar la expoliación patrimonial.
Además, establece que “si se desatendiere el requerimiento, la Administración del Estado dispondrá lo necesario para la recuperación y protección, tanto legal como técnica, del bien expoliado”. Calles señala que “el grupo socialista tratará por todos los medios legales de oponerse a la barbarie cultural que está perpetrando el PP desde las conselleries de Infraestructuras y de Cultura y desde el Ayuntamiento de Castellón”.
