Marco dice que la subida de peajes en un 2% es una “burla” a los usuarios de Castellón
La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, considera una “burla” que el Gobierno central haya aprobado una subida de los peajes en un 2%. “Los usuarios de las autopistas aquí no tenemos por qué pagar la mala gestión que se ha hecho en otras partes de España. Hemos pagado de sobra la autopista AP-7 y ahora se nos obliga a pagar las autopistas de otras comunidades”, indica. “No se elimina el peaje de la AP-7 y encima asumimos el rescate de otras autopistas”.
Marco considera que “una subida lineal para todas las autopistas perjudica de forma especial a los territorios que más han tenido que aportar más por el uso de las vías de pago en las últimas décadas”. “Castellón y la Comunitat Valenciana vuelven a salir perjudicados por las decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy. No solo se nos castiga con menos inversiones en los presupuestos generales, sino que se nos imponen más pagos al Estado”.
El Gobierno ha aprobado un incremento de las tarifas para compensar el rescate de las nueve vías de pago que han quebrado. Además, se hace en un momento en el que los tráficos han aumentado y generarán más beneficio para las concesionarias. “Castellón ha pagado muchos millones de euros por usar una vía de comunicación esencial, mientras en otros puntos de España se han estado construyendo autovías rápidas gratuitas”, se lamenta Marco.
La alcaldesa considera que el mantenimiento del peaje en el AP-7 condiciona la competitividad de la economía local y provincial, y afecta de forma negativa a la creación de empleo. En ese sentido, insiste en que la gratuidad de la autopista tendría consecuencias favorables para el relanzamiento de los sectores productivos, especialmente en los ámbitos económicos clave como son la industria y el turismo, que generan flujos de tráfico importantes desde Castellón y hacia Castellón. La subida de los peajes puede frenar la recuperación y reducir la competitividad.
El pleno municipal del 26 de octubre votó a favor de una declaración institucional presentada por los grupos municipales firmantes del Pacte del Grau en la que se solicitaba al Gobierno central que confirme la supresión de cualquier tipo de peaje en 2019, después de que finalice la concesión de la autopista AP-7, tal como han sugerido algunos dirigentes del Partido Popular. El texto recogía también la petición de descartar cualquier tipo de prórroga. En 1998 concluyó el plazo de explotación inicial, de 27 años, pero el Gobierno negoció una nueva prórroga que provocó que los usuarios de Castelló tuvieran que seguir pagando 20 años más un peaje “totalmente injusto”.
