El Pacte del Grau lleva al pleno una declaración para exigir la gratuidad de la AP-7
Los grupos municipales firmantes del Pacte del Grau han presentado una declaración institucional para que el pleno del Ayuntamiento de Castellón inste al Gobierno español a que confirme la supresión de cualquier tipo de peaje en 2019, después de la finalización de la concesión de la autopista AP-7 a su paso por Castelló. También se reclama que se descarte cualquier tipo de prórroga cuando acabe la explotación comercial.
La concesión de la autopista AP-7 llega a su fin en 2019, después de casi 50 años de explotación por parte de la empresa Aumar. La iniciativa presentada por PSPV, Compromís y Castelló en Moviment en el Ayuntamiento de Castellón señala que es un momento para atender la demanda ciudadana histórica de garantizar el uso gratuito de la citada vía.
La declaración institucional añade que durante varias décadas, los ciudadanos y ciudadanas de Castelló han tenido que soportar la injusticia que supone tener que pagar por el uso de unas vías rápidas, gratuitas en otras comunidades de España. El año 1998 concluyó el plazo de explotación inicial, de 27 años, concedido a principios de la década de los 70, pero el gobierno de entonces negoció una nueva prórroga que provocó que los usuarios de Castelló tuvieran que seguir pagando 20 años más un peaje totalmente injusto.
En 2019 se acabará la prórroga y el Gobierno de España recuperará la concesión de la autopista, por lo cual los grupos políticos del Pacte del Grau consideran "absolutamente necesario" que todas las fuerzas políticas se sumen al clamor social que reclama la eliminación del peaje.
La gratuidad de la AP-7 tendría efectos dinamizadores sobre la economía y aportaría importantes ventajas para Castelló, pues fomentaría la competitividad en ámbitos tan fundamentales como el turismo y la industria. La mayoría de visitantes que opta por localidades de la provincia para disfrutar de unas vacaciones, se desplaza por carretera. El hecho que tengan que pagar un peaje para viajar de forma rápida y segura provoca un incremento de los costes que hace menos competitivo el sector turístico.
La iniciativa propone dar traslado del acuerdo al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados y, además, insta a la Diputación de Castelló y a la Generalitat Valenciana a secundar esta demanda ante el Gobierno español con el fin de evitar una nueva prórroga y que no se aplique ningún tipo de peaje a partir de 2019, cuando concluya la explotación.
