Ayuntamiento y Consell acuerdan agilizar el proyecto técnico para la reforma de Borrull

El Ayuntamiento de Castellón y la Generalitat Valenciana han constituido la comisión de seguimiento para la cesión del edificio Borrull a la institución municipal y su recuperación como nuevo centro administrativo para la ciudadanía. A la reunión, celebrada en la Conselleria de Hacienda, en Valencia, han asistido el concejal de Gestión Municipal y Patrimonio, Antonio Lorenzo; la directora general del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio, Empar Martínez, y el delegado del Consell en Castellón, Adolf Sanmartín, entre otros.

En el transcurso de la reunión se ha acordado el establecimiento del calendario de trabajo entre las dos administraciones para desarrollar el protocolo de intenciones firmado el pasado 29 de mayo entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco. Uno de los primeros pasos será, precisamente, el de elaborar un convenio de colaboración definitivo entre los gobiernos local y autonómico.

Mientras tanto, se agilizará la redacción del proyecto técnico para la rehabilitación integral del edificio, en función del estudio de usos que planteará cada institución en las próximas semanas. El objetivo común del Ayuntamiento y el Consell es convertir el viejo palacio de Justicia, cerrado desde 2006, en un contenedor de políticas sociales ligadas al bienestar de la ciudadanía.

"Las sinergias entre las dos administraciones van a permitir la recuperación para la sociedad de un inmueble estratégico para cambiar el modo de relación del Ayuntamiento con la ciudadanía", afirma Antonio Lorenzo. Por su parte, Sanmartín destaca que "la constitución de esta comisión es fruto del compromiso del president Puig de recuperar un inmueble emblemático que gracias a la colaboración de las dos instituciones volverá a prestar un gran servicio a los vecinos de Castelló. Hoy estamos mas cerca de recuperar Borrull".

La antigua sede de la Audiencia Provincial fue propiedad estatal hasta 1985, cuando se cedió al Gobierno autonómico, en el proceso de transferencia de competencias. Tiene una superficie de 11.679 metros cuadrados, distribuidos en un sótano, planta baja, entreplanta y cinco plantas más y está valorado en 6,21 millones de euros. El abandono de estos últimos 11 años ha ocasionado problemas estructurales, que se acometerán en una rehabilitación integral para adaptarlo a los nuevos usos y a la normativa vigente.

Las obras de reforma serán financiadas y ejecutadas por el Ayuntamiento. Por el momento, no hay plazos para el desarrollo del proyecto, cuyo presupuesto definitivo aún se desconoce, aunque podría rondar los 12 millones. La distribución de la propiedad se hará de forma proporcional a la aportación que realice cada una de las administraciones, con un mínimo del 65% para el Ayuntamiento y del 25% para la Generalitat.

El proceso para la cesión del inmueble se inició en abril de 2016, cuando la alcaldesa solicitó la propiedad en un escrito dirigido al conseller de Hacienda, Vicent Soler. Marco justificaba la petición por la necesidad municipal de "aumentar las dotaciones públicas para garantizar un mejor servicio a la ciudadanía". Desde el Gobierno municipal, se considera que los actuales equipamientos municipales son insuficientes para ofrecer una respuesta de calidad a las nuevas y complejas necesidades que tiene la Administración local.