Pep Grau reclama que la comisión de investigación del ‘caso Gürtel’ fiscalice hasta el último céntimo de euro
El concejal anuncia que el PSPV propondrá un reglamento de funcionamiento de la comisión que investigará las adjudicaciones a las empresas implicadas de la trama
“Los socialistas estamos demasiado acostumbrados a que el PP imponga su mayoría para pervertir la labor de control en las instituciones que gobiernan”, dice Grau. En ese sentido, avanza que el PSPV propondrá un borrador de reglamento de funcionamiento de la comisión de investigación para que sea aprobado por todos los grupos políticos. “El consenso debe ser básico en esta iniciativa y el PP no debe ir por libre”, dice Grau.
El concejal de Economía, Juan José Pérez Macián, anunció ayer que el Partido Popular propondrá al portavoz del Bloc Nacionalista Valencià, Enric Nomdedéu, para presidir la comisión. “El PSPV respalda esta elección, pero queremos advertir que el PP está adoptando decisiones sobre el funcionamiento de la comisión de investigación sin consultarlo previamente con el grupo que ha propuesto la iniciativa”, remarca. Grau recuerda que la moción socialista se someterá a votación en el pleno municipal del 29 de octubre y que será después cuando se determine su composición y su reglamento.
Grau recalca que “el objetivo principal de la comisión de investigación es librar al Ayuntamiento de Castellón de la mínima sombra de sospecha”. “El equipo de gobierno no ha tenido voluntad de implantar la transparencia en su gestión desde que accedió al poder, hace 18 años. Los intentos de la oposición por fiscalizar las cuentas públicas han topado siempre con la hostilidad del PP, que ha pasado el rodillo de la mayoría para impedir que controlemos en qué se gastan el dinero de nuestros impuestos”, afirma.
“La imagen pública del Ayuntamiento de Castellón debe quedar al margen de la corrupción. La indignidad de las relaciones de miembros ilustres del PP con la mafia empresarial que se gestó en torno a Orange Market no debe salpicar a la institución municipal”, explica Grau. “Las informaciones que hemos conocido hasta ahora revelan que tres empresas de Castellón habrían sido extorsionadas para pagar los actos electorales del PP, lo que ha dañado su buen nombre y les ha causado un enorme deterioro”.
El portavoz del grupo socialista, Juan María Calles, anunció el jueves la presentación de una moción plenaria para constituir una comisión de investigación con representación de todos los grupo municipales destinada a revisar los expedientes técnicos y de adjudicación, entre 2003 y 2009, con las empresas Facsa, grupo Lubasa y Piaf, relacionadas con la supuesta financiación ilegal del PP, así como las adjudicaciones efectuadas a estas mismas sociedades durante el mismo periodo al margen de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y pagadas mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito.
Los socialistas consideran que “la transparencia en la gestión pública ha de constituirse como un elemento central de la actividad política de la Administración, de manera que no exista ni un atisbo de duda sobre la legalidad de los procesos de contratación con dinero público”. “Sobre todo, en momentos de crisis económica en los que la fiscalización de las cuentas públicas ha de ser todavía más escrupulosa, como muestra de solidaridad con quienes peor lo están pasando y para evitar que los fondos públicos sufran detracciones económicas al margen de la legalidad dirigidas a financiar a los partidos políticos con responsabilidades de gobierno”.
