El PSPV pregunta a Alberto Fabra si financió la campaña electoral de 2007 con dinero negro de Orange Market
El portavoz adjunto socialista, Mario Edo, dice que “si se confirman las informaciones sobre la financiación ilegal del PP deberíamos empezar a hablar de fraude electoral”
“La campaña electoral de Alberto Fabra está bajo sospecha y el alcalde tiene la obligación ética de dar explicaciones convincentes sobre los recursos económicos empleados por el PP para pagar los actos de la campaña electoral”, afirma. Alberto Fabra compatibiliza la alcaldía con la presidencia de la Junta Local del PP, por lo que “la sospecha de irregularidades es doble”.
Mario Edo dice que “si se confirman las informaciones sobre la financiación ilegal del PP, tendríamos que empezar a hablar ya de fraude electoral”. Edo, que fue coordinador de la campaña municipal del PSPV en la ciudad de Castellón, considera “inaceptable desde el más básico principio democrático que los partidos políticos se desmarquen de la legalidad para competir de forma desigual en las convocatorias electorales”.
El acto preelectoral de la presentación de candidatos celebrado en el palacio de congresos de Castellón, el 27 de enero de 2007, fue pagado con dinero negro a través de la empresa Orange Market, según revela el informe de la Brigada Policial de Blanqueo. “La sospecha sobre comportamientos antidemocráticos del PP se incrementa y empieza a acechar al alcalde de Castellón”, refiere Edo. En aquel acto, Alberto Fabra, actuó de anfitrión de otros candidatos municipales e intervino en el turno de palabras junto a Carlos Fabra y Francisco Camps.
El portavoz adjunto del PSPV recuerda que “Fabra se ha negado de forma persistente, desde que estalló el escándalo, a ofrecer datos sobre las contrataciones públicas con las empresas implicadas en el ‘caso Gürtel”. “Las adjudicaciones municipales están bajo sospecha, porque el equipo de gobierno municipal ha otorgado obras y servicios de millones de euros a las tres empresas relacionadas con la financiación ilegal del PP, al margen de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, añade.
