ElAyuntamiento construye los colectores para los más de 4.000 chalés del área norte que vertían en fosas sépticas
El proyecto impedirá los vertidos incontrolados de aguas residuales
La ejecución de este proyecto es fruto de la subvención de 600.000 euros por parte del Estado dentro del plan de inversiones local impulsado por Zapatero. La Generalitat Valenciana, por su parte, ha marginado a la Pobla al dejarla fuera del plan de inversiones mientras que a Llíria le ha concedido una ayuda económica de 960.000 euros.
Los colectores del área norte es una de las asignaturas pendientes en la Pobla desde hace más de 20 años por culpa de la deficiente y lamentable gestión llevada a cabo por el Partido Popular. De hecho, una gran mayoría de las 4.000 viviendas del área norte carecen de otros servicios básicos para el bienestar de sus habitantes como el alumbrado público y el asfaltado de sus calles.
El PSPV de la Pobla considera que esta infraestructura “constituye una inversión histórica para una chapuza histórica del PP que durante años ha permitido que más de 4.000 chalés del término municipal viertan sus aguas residuales con total impunidad sin preocuparle lo más mínimo sus consecuencias sobre el medio ambiente, además cabe resaltar que la Generalitat y la diputación han mostrado una nula implicación para solucionar este problema pese a las urgencias”.
Las urbanizaciones que se beneficiarán próximamente de estas mejoras en la red asistencial de infraestructuras son las del Barranquet, Aljubs, Casa Blanca, Gallipont I, Hornillo, Lloma Llarga I, Lloma Llarga II, Lloma del Porret, Mallaeta, Manguilla, Maquiva, Mas de Jiménez, Mas Nou, Pedrera, Pla de la Cova, Pouet y Rincons.
El grupo socialista apunta que la situación de los núcleos residenciales del área norte son el fruto de la caótica política urbanística que durante años ha llevado a cabo el Partido Popular en la Pobla ya que, endémicamente, el Ayuntamiento ha consentido la construcción de chalés y viviendas en zonas no autorizadas y muy distanciadas entre ellas sin dotar, en primer lugar, de los servicios básicos estas áreas. Por ello, a día de hoy miles de chalés carecen de asfalto de sus calles ni de alumbrado público por las noches. La mayoría de estas viviendas se legalizaron en 1995 a través del plan general de ordenación urbana (PGOU) que impulsó el Partido Popular.
