El PSPV solicita una comisión de investigación para esclarecer el perdón de sanciones de la grúa en Castellón

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, ha solicitado la creación de una comisión de investigación municipal para dilucidar las “irregularidades” detectadas en el cobro de las multas de tráfico y tasas por la retirada de vehículos de la vía pública. “Castellón tiene derecho a saber si para el PP hay ciudadanos de primera, que no pagan cuando cometen una infracción, y ciudadanos de segunda, que cumplen con sus responsabilidad y pagan las sanciones que se les imponen”, afirma.

La propuesta de creación de la comisión de investigación que propone el PSPV incluye representación de los tres grupos municipales, que deberían establecer un listado de comparecientes. Entre los citados a declarar sobre la condonación de multas y tasas deberían estar personas con responsabilidades políticas en el equipo de gobierno, trabajadores de la empresa adjudicataria del servicio de la grúa municipal, policías locales y agentes de movilidad urbana.

“El objetivo de la investigación es esclarecer si ha existido algún tipo de responsabilidad política en la exención irregular de sanciones de tráfico y si existe algún tipo de trama dedicada a eximir del pago de la grúa a personas afines al PP”, advierte Calles. El portavoz socialista recuerda que entre los expedientes aportados por el PSPV a las comisiones informativas de Hacienda y Seguridad Pública se ha constatado el perdón de tasas a un diputado del PP.

Calles insta al equipo de gobierno a explicar si concejales del PP han ordenado la anulación de multas de tráfico y tasas a determinados ciudadanos por la retirada de vehículos de la vía pública. El PSPV presentó ayer copias de expedientes de vehículos que salieron del depósito municipal sin pagar la tasa de la grúa. “¿Quién o quiénes han dado las órdenes a la empresa concesionaria de la grúa para que unos conductores retiren el coche sin pagar?”, apunta.

El líder socialista exige al concejal de Seguridad Pública, Joaquín Torres, que conteste la batería de preguntas planteada ante la Comisión de Servicios a la Ciudadanía y Seguridad Pública para conocer el número de vehículos retirados de la vía pública por la grúa durante 2008 y el primer semestre de 2009. Así como las multas de tráfico y tasas municipales que se han impuesto y las que han sido anuladas, con expresa mención de las causas por las que se revocaron.

“Mientras el PP se empeñe en colocar cortinas de humo para tapar las supuestas irregularidades, estará alimentando la sospecha sobre el presunto trato de favor y amiguismo a determinadas personas, amigas o familiares de cargos del PP, a los que se les habría perdonado el pago de las multas y tasas, en detrimento de la gran mayoría que paga lo que les corresponde cuando es merecedora de una sanción de estas características”, afirma Calles.

La ordenanza fiscal que regula el servicio de retirada de vehículos de la vía pública establece el pago de tasas a los propietarios de vehículos por “perturbar, obstaculizar o entorpecer la libre circulación por la vía pública, estacionando o aparcando con infracción de las normas de circulación o al abandonar los vehículos”. Por la retirada del vehículo al depósito municipal se cobran 90 euros, o 50 si el coche ha sido enganchado por la grúa y el traslado no ha llegado a efectuarse. Por cada día de permanencia en el depósito, el propietario debe abonar la cantidad de 12 euros. Además de abonar la pertinente multa de tráfico.

La normativa municipal dice que “no podrán reconocerse exenciones, reducciones o beneficios fiscales que los previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales”. La gestión del servicio de la grúa municipal de Castellón está privatizada desde hace años y una empresa concesionaria se encarga de la retirada de los vehículos y de la custodia de los mismos en el aparcamiento de la plaza del País Valencià.