Los socialistas de Castellón piden cambiar la ley para ampliar el número de personas acogidas a la moratoria contra desahucios

El grupo socialista de Castellón en el Ayuntamiento de Castelló ha registrado una declaración institucional en la que se reclama al Gobierno que cambie las condiciones para acogerse a la moratoria de desahucios. “Miles de personas formalizaron en su día un préstamo hipotecario para acceder a su vivienda habitual y ahora, a causa del desempleo, se han visto abocadas a una situación de insolvencia”, afirma la portavoz socialista, Amparo Marco. “Hay que ayudar a estas familias”, añade.

Ante la dramática situación vivida por los afectados, para dar respuesta a la presión ejercida desde las plataformas sociales, organizaciones judiciales y por el conjunto de la sociedad española, el Gobierno presentó en 2012 una serie de medidas urgentes para la protección de los deudores hipotecarios. Sin embargo, la normativa aprobada por el Gobierno se considera “insuficiente” para dar respuesta a la situación.

Las medidas para ayudar a los deudores hipotecarios y para la reestructuración de la deuda y alquiler de vivienda social que aprobó el Gobierno han demostrado ser “claramente ineficaces”, a juicio de los socialistas, tal como ponen en evidencia también todos los indicadores sobre el número de familias que siguen siendo víctimas de situación de insolvencia y se ven envueltas en procesos de ejecución de sus bienes.

Amparo Marco resalta el papel del activismo de las plataformas antidesahucios y hace hincapié en que las administraciones públicas deben dar soluciones a los colectivos más vulnerables, y con los datos actuales “está claro que el Gobierno debe cambiar su política, porque tras la evaluación de los distintos planes puestos en marcha, el número de personas a las que se les ha dado una solución es irrisorio”.

La propuesta del Grupo Municipal Socialista pretende instar al Ejecutivo que preside Rajoy a modificar la legislación, de manera que se garantice que no se ejecute el alzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor la vivienda habitual de personas que se encuentren en situación económica de falta de recursos que les impida hacer frente a los pagos.