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Marco pide a la Justicia que depure la responsabilidad municipal y autonómica en el Centre de Convencions de Calatrava

Marco pide a la Justicia que depure la responsabilidad municipal y autonómica en el Centre de Convencions de Calatrava
  • La portavoz socialista de Castellón afirma que “el PP ha derrochado los impuestos de los ciudadanos” y pide investigar si el arquitecto cobró en paraísos fiscales

La portavoz socialista de Castellón, Amparo Marco, pide a la Justicia que depure las responsabilidades municipal y autonómica en el Centre de Convencions diseñado por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava e insta a investigar si los honorarios por el proyecto se pagaron en paraísos fiscales. “La Generalitat ha dejado rastro de su inmoralidad en todo los megaproyectos. Los ciudadanos tienen el derecho a saber si el Consell ha actuado, también en esta ocasión, al margen de la legalidad”, afirma.

Marco censura el “despilfarro” del Partido Popular en “un proyecto que ya nació bajo sospecha”. “Camps primero, y ahora Fabra, han gobernado la Comunidad Valenciana como si fuera un cortijo, han gastado el dinero de nuestros impuestos sin tener en cuenta el sacrificio que están haciendo los ciudadanos, especialmente en estos momentos de dura crisis”, añade.

La dirigente socialista recuerda que los 2,7 millones de euros pagados a Calatrava “fueron a cambio de nada”, porque “el Centre de Convencions fue otro proyecto fantasma que el PP se sacó de la manga para engañar a los castellonenses”. “El megaproyecto de Calatrava no era posible urbanísticamente y no era viable económicamente”, expone, aunque la Generalitat y el Ayuntamiento iniciaron su desarrollo. Antes de iniciarse ya se anunció un sobrecoste de 40 millones de euros.

La Generalitat pagó a Santiago Calatrava un total de 2,7 millones de euros por la redacción del master-plan, anteproyecto y proyecto básico del Centro de Convencions de Castellón, a pesar de que desde la sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana se reconoció que el 'arquitecto estrella' no cumplió con sus obligaciones contractuales.

“Con el dinero dilapidado por el PP, Castellón podría haber afrontado mejor los efectos de la crisis económica. Tantos millones de euros gastados sin sentido deberían haberse invertido en planes de inserción laboral para los 20.000 desempleados de la capital y para reforzar la cobertura social a las familias que están sufriendo en su día a día por culpa de la falta de trabajo”, indica.

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