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Ayuntamiento, Diputación, historiadores y la UJI se unen para que devuelvan los documentos de Defensa

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    El concejal y diputado de Cultura, Miguel Ángel Mulet, ha confirmado esta mañana que la comisión formada por el Ayuntamiento de Castellón, la Diputación Provincial, la UJI y los historiadores con el fin de exigir la vuelta a la provincia de Castellón de los papeles de Defensa ha acordado solicitar el Gobierno Central la devolución de estos textos “para que vuelvan a estar dónde les corresponde que es Castellón”. Además, Mulet también ha comentado que, junto a esta petición, también se va a instar a la Generalitat Valenciana a que también exija al Gobierno de Rodríguez Zapatero la vuelta de los documentos de Defensa.

    En el texto, que se presentará en el próximo pleno del día 26 de marzo, “hemos acordado que también vamos a reflejar nuestra exigencia, tanto a la Generalitat Valenciana como al Gobierno Central a que agilicen las obras de adecuación del Archivo Histórico Provincial con el fin de que los papeles puedan llevarse a este edificio”.

    Tras este encuentro que ha tenido lugar en la UJI y al que han asistido, junto a Mulet, la vicerrectora Margarita Porcar; la historiador Rosa Monlleó; y el concejal del Ayuntamiento de Castellón Vicent Sales, el edil y diputado de Cultura ha explicado que cada uno de los asistentes ha recogido los argumentos de las instituciones con el fin de estudiarlos y realizar un texto conjunto. Éste documento se analizará en una nueva reunión que tendrá lugar el próximo día 23 de marzo.

    Así, Mulet ha explicado que “desde el Ayuntamiento de Castellón, como no puede ser de otra manera va a luchar porque una parte de su patrimonio histórico como son estos documentos permanezcan en la ciudad para que puedan ser consultados por nuestros vecinos y vecinas y exigimos la reversión de estos documentos”.

    El edil y diputado provincial ha afirmado que “desde el Ayuntamiento de Castellón, la Diputación Provincial y la UJI, con el apoyo de los historiadores, haremos lo posible para hacer entender al Gobierno de España que el sitio que corresponde a estos documentos no es otro que la ciudad a la que pertenecen. De lo contrario, el Estado estaría cometiendo un terrible error y una gran injusticia con Castellón”.

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