Los agentes sociales de la universidad piensan que el modelo de gobierno universitario debe cambiar para comunicarse mejor con la sociedad y contar con más profesionales

El curso de verano de la Càtedra Increa de la Universitat Jaume I sobre el gobierno de las universidades ha iniciado su tercera y última jornada con la visión de los agentes sociales. En el debate moderado por el rector de la universidad pública de Castellón han participado Enric Banda, director del área de Ciencia y Medio Ambiente de la Fundació la Caixa; Mónica Bragado, presidenta del Consejo Social de la Universitat Politécnica de València; y Petra Mateos, expresidenta de Hispasat.

Todos han coincidido en señalar que la mayor parte de la ciudadanía no sabe cómo está estructurada la universidad y cuáles son sus órganos de gobierno y participación, “sólo se sabe que hay un rector y catedráticos”, ha indicado Enric Banda, porque según la presidenta del Consejo Social de la UPV “se gobierna de dentro y para dentro” y “el gobierno universitario sólo preocupa a los políticos” ha indicado la expresidenta de Hispasat y catedrática de Economía.

En opinión de Banda, la universidad es una desconocida para la mayoría de la ciudadanía porque falta un sentido institucional en el profesorado, un liderazgo en los problemas que preocupan a la sociedad, una escasa vinculación del alumnado durante su estancia y una vez graduado y un esfuerzo para acercar la investigación al ciudadano de a pie.

Respecto a la autonomía universitaria, Petra Mateos ha indicado que es necesaria una protección normativa de máximo nivel y observar los modelos americanos y Mónica Bragado ha asegurado que “no puede existir autonomía de gestión cuando sólo hay una fuente de financiación”. El representante de la Fundació la Caixa considera que la autonomía es necesaria “pero la sociedad no percibe esa necesidad y es culpa nuestra por no explicarlo bien”.

Cómo conseguir el equilibrio entre la autonomía y la necesaria rendición de cuentas a la sociedad ha sido otra de las cuestiones planteadas por el rector de la universidad pública de Castellón a la que la expresidenta de Hispasat ha contestado indicado que es necesaria una medición de los resultados, un refuerzo de la autoridad de los rectores y rectoras para que puedan influir en el cumplimiento de los objetivos y más profesionales en los consejos sociales universitarios.

Por último, la presidenta del Consejo Social de la UPV ha insistido en que “la sostenibilidad es un aspecto clave de la universidad del siglo XXI” y que para que la universidad sea un verdadero motor de cambio hay que apostar por la investigación y la innovación, además de redimensionar la oferta educativa y ser mejores “en nuestra comunicación con la sociedad”.