Marco aboga por mantener los servicios sociales en el Ayuntamiento para garantizar la atención a las personas desfavorecidas

La portavoz socialista de Castellón, Amparo Marco, aboga por el mantenimiento de los servicios sociales en los ayuntamientos para “garantizar la atención a las personas desfavorecidas desde la institución más cercana a la ciudadanía”. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ahora en fase de debate parlamentario, planea derivar la competencia a las autonomías.

“Los socialistas defendemos el sistema social del Estado del bienestar ante los ataques que solo persiguen la privatización de los servicios públicos esenciales”, afirma Marco. “Habrá más desprotección social”, augura, “porque los ayuntamientos actúan desde la proximidad en colaboración con las organizaciones sociales del tercer social”.

La pretensión del Gobierno es restringir al mínimo las competencias de los ayuntamientos, a los que se les prohibirá prestar unos servicios que, en el caso de Castellón, se lleva años ofreciendo a los ciudadanos. Desde el grupo municipal socialista se considera que la decisión del Gobierno es una excusa para propiciar “una poda brutal” de los servicios sociales.

La ley pretende limitará las funciones municipales al urbanismo (planeamiento, promoción de vivienda pública, rehabilitación y protección del patrimonio), medio ambiente (parques, basura, agua, contaminación), tráfico y transporte colectivo, calles, policía local, bomberos y protección civil, conservación de escuelas infantiles, promoción de deporte, cultura y turismo, y evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión.

Marco cuestiona las formas y el fondo de la reforma legal. “Los castellonenses tendrán peores servicios, prestados por gobiernos que no conocen la realidad de la ciudad y, en otros casos, por empresas privadas”. La portavoz socialista señala que los cambios no garantizan menores costes para la Administración. Además, la situación de quiebra de la Generalitat no garantiza la financiación de los servicios públicos.