El PSPV alerta de que miles de castellonenses han dejado de percibir las prestaciones de la dependencia

La concejala socialista de Bienestar Social, Inmaculada Enguídanos, censura la “marginación” de la Ley de la Dependencia, que está experimentando “recortes traumáticos” por parte del Partido Popular. “La austeridad extrema que está implantando el Gobierno está generando un daño irreparable a miles de personas”, afirma. Los socialistas estiman que miles de castellonenses han sido expulsados del sistema de dependencia y han dejado de percibir la prestación a la que tenían derecho en el año transcurrido desde la aplicación de la reforma de la ley.

Enguídanos propone recuperar e impulsar la Ley de Dependencia aprobada por el Ejecutivo socialista en 2006 y, en ese sentido, plantea que se dote al sistema para la Autonomía y la Atención a las personas en situación de Dependencia de la financiación necesaria. “Es una cuestión de justicia y de dignidad. No podemos consentir que se recorten los derechos al bienestar de las personas que más lo necesitan”, indica.

En primer lugar, reclama que se impulse el desarrollo de este sistema para garantizar el derecho de las personas dependientes a ser atendidas por los poderes públicos y permitir que despliegue sus efectos en creación de empleo y retornos económicos. Asimismo, en cuanto a la financiación los socialistas piden que se reponga el nivel acordado y se incremente la cuantía correspondiente al nivel mínimo.

Además, proponen que se revoquen las modificaciones en la regulación del sistema para la Autonomía y la Atención a las personas en situación de Dependencia introducidas por el Real Decreto Ley 20 de Estabilidad Presupuestaria y Fomento de la Competitividad y solicita reponer y cumplir el calendario de implantación del sistema que fijaba, en su redacción original, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.

También se reclama la reposición en los Presupuestos de 2014 de las cantidades recortadas al sistema durante los dos últimos años y reivindicar así el carácter público de las prestaciones del sistema. “La Ley de Dependencia aprobada por los socialistas supuso la madurez de los servicios sociales como el cuarto pilar del Estado de Bienestar en España y un gran avance en políticas sociales", añade.

Sin embargo, os recortes han sido “devastadores” para los nuevos dependientes, a los que se suspende durante dos años el derecho de acceso a las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a ciudadanos no profesionales. En el conjunto de España, la reducción de las prestaciones económicas ha afectado a 400.000 personas atendidas por el sistema y ha provocado que 158.830 cuidadores familiares, en su mayoría mujeres, hayan dejado de cotizar a la Seguridad Social por la labor que siguen realizando pero ahora sin ninguna cobertura.