Calles pedirá la comparecencia del alcalde en el pleno para depurar su responsabilidad en el PGOU anulado por el TS

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, pedirá la comparecencia del alcalde, Alberto Fabra, ante el pleno para que dé explicaciones políticas de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 2000 que ha anulado el Tribunal Supremo. Calles tramitará mañana la solicitud, aunque concederá a Fabra una “última oportunidad” para que “dé la cara y depure su responsabilidad” en la Comisión de Desarrollo de la Ciudad.

“El urbanismo de Castellón ha estado en los últimos 17 años en manos de unos políticos ignorantes y temerarios que están causando gravísimos perjuicios al Ayuntamiento”, afirma Calles. La sentencia del Supremo invalida el PGOU con el que el PP sentó las bases urbanísticas de la capital. “El entonces alcalde, José Luis Gimeno, y su brazo derecho y concejal de Urbanismo, Alberto Fabra, actuaron al margen de la legalidad y atentaron contra el interés general de la ciudad y contra el interés particular de miles de castellonenses”.

Calles asegura que “el modelo de ciudad del PP ha estallado en mil pedazos”. “La sentencia del TSJ que hace unas semanas invalidó el PAI Mestrets fue sólo un aviso para navegantes de lo que ahora ha sucedido”, añade. “Alberto Fabra debe dejar de ser el alcalde del no sabe/no contesta y asumir que su impericia política y la irresponsabilidad del PP han sumido a Castellón en una crisis política que no sabemos aún qué repercusiones tendrá, pero que frustra las expectativas de futuro de la capital”.

El portavoz socialista censura el “apagón informativo” del alcalde y del equipo de gobierno, que conocían la sentencia del Supremo desde hace semanas y “han tratado de silenciarla”. “Los concejales del PP se han ido a esquiar, como si aquí no pasara nada, en lugar que quedarse a tomar las decisiones necesarias para restablecer la legalidad urbanística y explicar a los ciudadanos que son los responsables de la mayor catástrofe política de los últimos años en Castellón”.

Calles señala que la sentencia, que retrotrae el ordenamiento urbanístico al PGOU de 1984, podría originar demandas de responsabilidad económica de milllones de euros al Ayuntamiento. La decisión del Supremo sólo puede ser objeto de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero que no acarrea la suspensión cautelar de la sentencia. Mientras tanto, quedan anulados decenas de cambios de suelo no urbano a urbanizable, el desarrollo de zonas verdes e infraestructuras y hasta el Plan Especial del Puerto.

El grupo municipal socialista votó en su día en contra de la revisión del PGOU de 2000 y presentó miles de alegaciones, como hicieron numerosos ciudadanos que sentían vulnerados sus derechos individuales. Entre otras “barbaridades”, La revisión urbanística que promovía el PP propiciaba la calificación de una franja del Pinar como zona urbanizable, dejaba sin protección el paraje de la Magdalena y la zona de Lledó, postergaba la regulación urbanística de la Marjaleria y los planes especiales de protección del centro.

De hecho, Calles recuerda que el entonces alcalde, José Luis Gimeno, se proyectó como dirigente político con un recurso judicial contra el PGOU de 1984. “La Justicia le dio la razón, pero el PP no supo administrar ese reconocimiento judicial y perpetró un Plan General que no respetó los procedimientos administrativos y que ahora es un exponente de mala praxis urbanística y se queda en papel mojado”.