CSI•F confirma que el Gobierno privatiza la seguridad de las prisiones de Castellón el próximo día 1 de abril

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSI·F, alerta de que el Gobierno Central ha iniciado “el proceso de privatización de las cárceles españolas”. Como ya denunciara este sindicato, se ha adjudicado a una empresa de seguridad privada como ‘Ombuds’ el servicio de vigilancia penitenciaria de las prisiones de Castellón, “sin ningún tipo de negociación, echando de su puesto a los miembros de la Guardia Civil que tendrán que cambiar de lugar de trabajo y sobre todo, vulnerando el artículo 63 del Real Decreto 190/96 que estipula que “la seguridad exterior de los Establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o, en su caso, a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas”.

En opinión de los representantes de Instituciones Penitenciarias de CSI·F Castellón, además de vulnerar la legalidad, “la privatización de la vigilancia de la prisión puede ser el preámbulo de la privatización total de las cárceles” y no dudan en afirmar que “la intención es que las cárceles se conviertan en negocios privados”. Más allá del perjuicio que con los traslados se va a causar a los funcionarios que prestan un servicio ejemplar en las prisiones, “se abre la puerta a que la seguridad dependa de un contrato económico y que como ya sucede en otros países, se termine con un sistema de prisiones garantista para pasar a un nuevo modelo sin funcionarios donde la empresa privada gana más dinero cuantos más presos vigila”. Añaden que no solo se desprecia al trabajador público sino que se está engañando al vigilante de seguridad privada, ya que la tendencia en todos los países de Europa demuestra que la empresa prescinde de ellos en meses y son sustituidos rápidamente por sistemas de seguridad informáticos y mecánicos (perímetros electrificados, cámaras de video, etc).

En este sentido CSI·F advierte que la maniobra es doblemente lamentable ya que “en un país como España donde los juzgados han demostrado vínculos económicos de muchos políticos con las empresas de seguridad privada, se opta por amputar un sistema de seguridad carcelaria modélico para dar trabajo, por ejemplo, a los escoltas que se han quedado en paro como consecuencia del nuevo escenario de paz del País Vasco, sin buscar para ellos otra salida que la de adquirir el altísimo compromiso de los empleados públicos pero cobrando sueldos mucho más bajos”.

CSI·F recuerda por último que “la vigilancia penitenciaria implica mucho más que la ocupación de garitas” ya que reclusos y visitantes “dependen de la formación ante fugas, atentados o motines” y concluye que estudian un calendario de movilizaciones para mostrar su rechazo a una privatización “inmoral, ilegal e intolerable” que ya ha generado esta semana manifestaciones espontáneas del personal a las puertas de las Prisiones.