El PSPV presenta una moción para que el Ayuntamiento de Castellón penalice a los bancos que promuevan desahucios
Propone dificultar el acceso a operaciones financieras y retirar depósitos de las entidades bancarias que realicen ejecuciones hipotecarias y no faciliten el realojo
El grupo socialista de Castellón ha presentado hoy una moción para que el Ayuntamiento de Castellón penalice a las entidades bancarias que promuevan desahucios y no ofrezcan a las víctimas de las ejecuciones hipotecarias una solución de realojo en la capital de la Plana. “El Ayuntamiento tiene que hacer lo que esté en su mano para evitar el drama de las familias que se están quedando en la calle”, indica la portavoz del grupo socialista, Amparo Marco.
Los socialistas de Castellón proponen incluir una cláusula en todos los pliegos de condiciones para la contratación de operaciones financieras en la que se penalice, en el momento de puntuar las ofertas, a aquellas entidades financieras que hayan procedido al desahucio de su domicilio habitual de vecinos de Castellón en el ámbito del término municipal y que no hayan ofrecido a los desahuciados soluciones para su realojo.
En la misma iniciativa, se propone que el Ayuntamiento de Castellón retire los fondos públicos depositados en entidades financieras que hayan promovido el desahucio de familias de Castellón de su domicilio habitual; siempre que no hayan tenido la voluntad de ofrecer una alternativa de realojo en la misma localidad a las personas afectadas.
En última instancia, se propone que el Ayuntamiento de Castellón consigne una partida específica en el presupuesto municipal de 2013 para ayudar al realojo de familias víctimas de las ejecuciones hipotecarias. “Es inadmisible e intolerable que en un Estado social y democrático de derecho se estén produciendo desalojos sin dar una alternativa a las familias desahuciadas, cuando existen cientos de pisos vacíos que no están cumpliendo su función social”, indica Marco.
Marco resalta que entre 2007 y 2011 se han producido en Castellón numerosas ejecuciones hipotecarias a familias que están siendo desahuciadas de sus casas por bancos y cajas rescatadas con dinero público. Los principales efectos del “drama social” de las ejecuciones hipotecarias se detectando ahora, “en el momento más duro de la crisis”.
“El Ayuntamiento de Castellón debe reaccionar ante tal lamentable situación con los instrumentos que tiene a su disposición para hacer prevalecer el derecho constitucional a una vivienda digna sobre los derechos económicos de determinadas entidades financieras, defendiendo así los derechos más elementales de sus vecinos y ciudadanos”, señala.
