Marco exige responsabilidades políticas al alcalde por el nuevo auto judicial que constata la incompetencia urbanística del PP

La portavoz socialista de Castellón, Amparo Marco, exige responsabilidades políticas al alcalde tras el nuevo auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que cuestiona el proceso de exposición al público del Plan General de Ordenación Urbana, la tercera en 12 años, y “vuelve a dejar en el aire el urbanismo caótico que practica y ha practicado el Partido Popular”. “Bataller está al frente de un equipo irresponsable que gobierna Castellón de forma temeraria”.

Marco ha solicitado hoy la convocatoria de una junta de portavoces extraordinaria para que el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Mulet, comparezca de forma urgente en el pleno ordinario de mañana jueves y dé las explicaciones pertinentes sobre las decisiones que piensa adoptar el equipo de gobierno. “Si Mulet ha tenido tiempo y valentía para hacer declaraciones en prensa, no tendrá ningún obstáculo de hacerlas en el pleno, que es la máxima representación política de los castellonenses”.

“Los tribunales están diciendo, una y otra vez, que el equipo de gobierno de Castellón está gobernando al margen de la legalidad en un ámbito como el urbanístico que incide de lleno en la economía de la ciudad”, expone Marco. A su modo de ver, “los daños que el PP causa con sus improvisaciones y decisiones atolondradas con el PGOU no se pueden cuantificar, pero son de una extraordinaria gravedad”.

Un auto del TSJ fechado el pasado viernes invalida de nuevo el proceso elegido por el Ayuntamiento de Castellón y la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para dar cumplimiento a otra sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el PGOU. La nueva resolución judicial concluye que “el Plan General de Castellón fue declarado nulo de pleno derecho el 9 de diciembre de 2008, por lo que ese trascendental vicio procedimental, por no haber practicado información pública, contamina el PGOU aprobado, que es radicalmente nulo”.

“Los socialistas de Castellón siempre hemos mantenido que el PGOU era nulo de pleno de derecho y así lo confirma el TSJ, que remarca que el ordenamiento urbanístico aprobado en 2000 no existe jurídicamente y por lo tanto su anulación no puede subsanarse con otro trámite de información pública”, indica Marco.