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14/07/2012 | elperiodic.com  

La Policía Nacional detiene a dos personas como presuntos autores de los delitos de inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores

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• Uno de los detenidos, presuntamente recibió más de 3.000 euros por la documentación
• Uno de ellos tiene una asesoría
• “Contrataron” a personas extranjeras para traerlas desde su país de origen

Agentes de la Policía Nacional ha detenido a dos españoles de 52 y 43 años de edad, como presuntos autores de un delito de inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores.

Los agentes dentro de las investigaciones que realizan sobre las redes de Inmigración y Falsedades Documentales, buscan seguir el rastro de aquellas empresas y autónomos que solicitan contratar a personas en su país de origen, las cuales nunca trabajaran para ellos, sino que les cobran importantes cantidades de dinero para “facilitarle” la entrada a España y la obtención de la documentación.

Para ello, la Ley exige que para venir a España necesitan una oferta de trabajo, y una vez en España, necesitan un contrato y ser dados de alta en la seguridad social (requisito indispensable para obtener la documentación), para ello, estas empresas les aseguran durante muy pocos días y en la mayoría de los casos haciéndole pagar al propio extranjero “trabajador” los días que se encuentre dado de alta.

Durante los rastreos, los agentes dieron con una asesoría situada en Castellón, en la cual presuntamente uno de sus asociados había cobrado a una mujer marroquí, 1500 euros a cambio de una oferta de trabajo, más otros 600 por hacer su trabajo como abogado.

Supuestamente, también le informaron que una vez que la mujer estuviera en España, ella misma debería costearse el pago a la Seguridad Social, ya que no iba a trabajar para ninguna empresa, siendo un “mero trámite” para regularizar su situación.

En total, la mujer pagó al abogado más de 3.000 euros.

Durante la investigación, los agentes también inspeccionaron las solicitudes de los extranjeros, y por ende a la persona y/o empresa que hacía la solicitud, es decir, el que contrataba al “trabajador”.

Tras esta investigación, los agentes procedieron a la detención del asesor, y de otro sujeto, que era un trabajador autónomo que presuntamente se habría prestado para hacer la contratación de la mujer extranjera, ambos como presuntos autores de un delito de inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores.

Ambos han sido puestos en libertad con cargos tras prestar declaración.

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