Dolz Lago asegura que “la prueba del ADN no sólo ha servido para inculpar, sino también para exculpar en muchos casos”

“La prueba del ADN ha servido para exculpar en muchos casos y no únicamente para incriminar, porque para esta última opción se tienen en cuenta otras pruebas”, ha asegurado el fiscal del Tribunal Supremo Manuel-Jesús Dolz Lago durante su exposición sobre “ADN y derechos fundamentales”, dentro del curso de verano “Pruebas científicas, ADN y proceso penal” que se ha realizado en la UJI esta semana.

Para el magistrado la toma de vestigios biológicos no es una declaración de culpabilidad, porque en su opinión no atenta contra el derecho fundamental de no declarar contra sí mismo, equiparándola a la prueba de alcoholemia. “Han de tenerse en cuenta los derechos fundamentales de la persona acusada, pero también hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales de las víctimas”.

El fiscal se ha mostrado partidario de que sean los legisladores y no los jueces los encargados de articular la norma, en referencia a algunas sentencias que han propiciado diferentes interpretaciones de la legislación vigente, como por ejemplo si en la petición de consentimiento para la prueba, la persona acusada tiene que estar asistida o no por letrado y si una orden judicial aprobando la prueba tiene o no un valor coercitivo.

Dolz Lago, quien durante algunos años ha formado parte de la Comisión para el Uso Forense del ADN y las bases de datos, ha explicado la legislación establece una serie de limitaciones para el uso de los vestigios biológicos, como el principio de proporcionalidad (que sea adecuada para el fin que se desea obtener) o en delitos graves que impliquen prisión superior a 5 años, entre otras. Y que establece una serie de condicionantes como que sea ADN no codificante (identidad y sexo); que se realice una prueba no invasiva como el frotis bucal o que exista un consentimiento informado.

Por último, el fiscal ha indicado que desde que desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2007, reguladora de base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, que establece un modelo policial para la recopilación y custodia de los datos, y hasta el año 2011 se han esclarecido 7.500 delitos (581 violaciones, 454 homicidios y 51 actos de terrorismo).