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Iniciativa-Compromis lamenta la pasividad del ayuntamiento al retirar la antena de PERI 18 y pide una ordenanza más restrictiva

    El secretario de organización de Iniciativa-Compromiso Pepe Cueva a la ciudad de Castelló, Pepe Cueva, ha lamentado hoy la lentitud de la equipo de Gobierno del ayuntamiento, en la polémica retirada de la antena de telefonía móvil de PERI 18.

    Cueva ha recordado que tuvo que estar precedido de movilizaciones y protestas vecinales durante mucho tiempo fue el pasado 21 de diciembre cuanto por fin se pidió la retirada, y dos meses después, cómo he visto, la antena continúa en el mismo lugar.

    Para el portavoz de Iniciativa-Compromis, más allá del problema puntual de PERI 18, donde se pide más diligencia al ayuntamiento, hay que buscar una nueva normativa para evitar más casos como estos, y trabajar en una nueva ordenanza municipal reguladora de las instalaciones radioeléctricas en el municipio de Castelló, para hacer más restrictivo el ámbito de las limitaciones donde poder ubicarse las antenas de telefonía móvil, puesto que el actual ordenanza sólo establece limitaciones de impacto visual, y arquitectónico, y no ninguna medida de distancia de centro de salud, escuelas, o las propias viviendas.

    Según Cueva, el efecto de las ondas radioeléctricas y de la acción de las antenas de telefonía móvil continúan siendo hoy objeto de teorías y estudios, que no aseguran en ningún caso la inocuidad sobre la salud público, por eso, antes de tener informes concluyentes, hay que evitar poner a la población en situación de riesgo-

    Por eso Cueva ha propuesto modificar el ordenanza e incluir medidas como revisar a la baja los límites máximos de emisión de las antenas de telefonía móvil poniendo como ejemplo la normativa aprobada por el Ayuntamiento de Leganés, en la Comunitat de Madrid, que limita las emisiones a 0,1 microvats por centímetro cuadrado, una medida 4.500 veces inferior a la permitida por la legislación vigente, que ha quedado obsoleta y prima los intereses económicos de las operadoras por encima de la salud pública.

    El portavoz de Iniciativa-Compromis ha recordado que existen numerosas resoluciones de la Unión Europea que advierten los estados miembros del riesgo para la salud que suponen los campos electromagnéticos, y de la necesidad que se elaboran nuevas normativas para adaptar el sector a las necesidades actuales. El Estado español no ha hecho los deberes, así que los ayuntamientos tienen la responsabilidad de actuar.

    Cueva también ha pedido distancias mínimas de estas antenas con los espacios de uso sociales (escuelas, centros sanitarios..etc) “entendemos que la preservación del derecho a la salud es compatible con un servicio telefónico de excelente calidad, por eso hay que ser serios a la hora de hacer efectiva la retirada de las antenas de telefonía móvil que no tengan las autorizaciones administrativas pertinentes y a negociar con las operadoras el traslado de las que sí tienen, y llevarlas autorización fuera de los núcleo urbanos

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