Marco exige al PP de Castellón que elimine la inseguridad jurídica sobre el urbanismo
Los socialistas consideran “insuficiente” la respuesta del concejal de Urbanismo y piden que comparezca en el pleno para dar explicaciones
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Amparo Marco, exige al equipo de gobierno que clarifique la situación administrativa y legal en la que se encuentra el urbanismo de Castellón, tras la sentencia del Tribunal Supremo que invalida la actuación del PP en el proceso de revisión del PGOU. El PSPV ha solicitado la comparecencia en el pleno del concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Mulet, para que dé cuenta del proceso judicial y político que es preciso impulsar para “eliminar la sombra de la inseguridad jurídica en el urbanismo local”.
Marco considera “insuficientes” las explicaciones políticas que ha ofrecido Mulet hoy en la comisión, en la que se ha escudado en el procedimiento judicial para evitar un pronunciamiento explícito sobre el futuro del PGOU de Castellón. “El equipo de gobierno debe establecer una hoja de ruta creíble para dar solución al nuevo embrollo al que nos ha llevado su mala gestión”, afirma.
Los servicios jurídicos municipales han expuesto el punto de vista técnico sobre la sentencia del Supremo y han manifestado su creencia en que el PGOU de 2000 sigue vigente mientras el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana no determine lo contrario. La petición de que se ejecute la sentencia deben formalizarla quienes presentaron el recurso ante el alto tribunal tras una sentencia de 2008 en la que se anulaba por primera vez el PGOU.
Marco alerta del impacto que la anulación del Plan General tendrá sobre la actividad económica castellonense y, en ese sentido, muestra su solidaridad con la patronal de la construcción, que ha lamentado la nueva paralización del urbanismo local. “El sector inmobiliario está atravesando una doble crisis, porque de forma paralela a las dificultades de la crisis económica nacional, está sufriendo los efectos del urbanismo atolondrado y patoso del PP”, añade.
A su modo de ver, “mientras no se elimine, de una vez por todas, la inseguridad jurídica que planea sobre el PGOU, las empresas y los trabajadores de Castellón perderán oportunidades de desarrollo”. En ese sentido, la dirigente del PSPV insta al alcalde, Alfonso Bataller, a no caer en los mismos errores que cayeron Alberto Fabra y Javier Moliner hace tres años.
En el caso de que el TSJ concluya que el PGOU ha sido anulado de forma radical, Castellón volverá a regirse por el planeamiento urbanístico de 1984 y habrá actuaciones relevantes, como el desarrollo de Parc Castelló, el PAI Mestrets y la urbanización del parque Ribalta para permitir el paso del Tram, que quedarían en un limbo legal. “El PP tiene que mover ficha en este asunto y tiene que hacerlo pronto”, dice Marco, quien aboga por acometer la redacción de un nuevo PGOU que siente las bases del Castellón del siglo XXI y cierre la página de la etapa más oscura del urbanismo en la ciudad de Castellón.
