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El PSPV solicita que el diseño de Calatrava se acompañe de un plan de financiación y un calendario de las obras

  • El concejal Javier Peris exige que el proyecto deje de ser una “elucubración virtual” y se convierta en una realidad

El concejal Javier Peris, portavoz de Economía del grupo municipal socialista de Castellón, reclama a la Generalitat Valenciana la elaboración de un plan de financiación “fiable”del Centre de Convencions que diseñará el arquitecto Santiago Calatrava. Al mismo tiempo, solicita que se defina el calendario de ejecución de las obras “para que el proyecto deje de ser una elucubración virtual y se convierta en una realidad inmediata”.

Peris recuerda que el proyecto emblemático encargado a Calatrava “corre el riesgo de convertirse en otro más de los proyectos virtuales anunciados por el PP para engatusar a Castellón”. En ese sentido,  exige una apuesta decidida por el Centre de Convencions y que se establezca una financiación plurianual. “No queremos otro Mundo Ilusión, otra Ciudad de las Lenguas u otro Megaspai, que sólo existen en la imaginación de los populares”, agrega.

El edil socialista cuestiona la actitud con la que las instituciones gobernadas por el PP asumen la ejecución de los grandes proyectos de la capital y de la provincia. “El presidente de la Generalitat no tiene el más mínimo interés en darle a Castellón lo que se merece y lo que le corresponde”.

“Las guerras internas entre Camps y Fabra por el control del partido en Castellón están repercutiendo en las inversiones que debían llegar aquí y acaban marchándose al circuito de Fórmula 1 de Valencia o a la Volvo Ocean Race de Alicante”, señala Peris. “Los socialistas no estamos dispuestos a aceptar que Castellón sea ninguneada de esta manera por el Consell”.

Peris asegura que el “desprecio” de la Generalitat hacia Castellón es consecuencia de la carencia de un marco de financiación local estable. El grupo municipal socialista defenderá mañana en el pleno una moción para exigir la creación de un Fondo de Cooperación Municipal, dotado con un mínimo de 300 millones de euros, para que la Generalitat canalice hacia la Administración local los recursos necesarios para sacar adelante las políticas municipales.

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