Edo pide explicaciones al PP por las licencias para colocar pancartas publicitarias en bienes culturales como el Fadrí y el Parque Ribalta

El portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Mario Edo, preguntará en la Comisión de Desarrollo de la Ciudad sobre las licencias que ha solicitado el Ayuntamiento de Castellón a la Generalitat para colocar carteles de publicidad en un bien de interés cultural como el Fadrí. El campanar lució la semana pasada una banderola de grandes proporciones con motivo de las fiestas de Lledó.

Edo lamenta la “persecución” que ha iniciado el Consell contra la Jaume I por colocar pancartas en la Llotja del Cànem, mientras “hace la vista gorda” cuando el supueso infractor es una Administración con gobierno afín. La Conselleria de Cultura ha ordenado la retirada de unas pancartas con el eslogan Viu la teua Universitat que pendían de la fachada de la Sede de la Ciutat de la UJI.

El concejal socialista también requerirá al PP a que dé explicaciones sobre los permisos solicitados por el Ayuntamiento a la Dirección General de Patrimonio sobre la continua colocación de carpas publicitarias en otro BIC: el parque Ribalta. “Uno de los principios básicos que deben guiar la actuación de los gobernantes debe ser el de dar un trato igualitario a todas las personas y entidades sin tener en cuenta sus orientaciones políticas”, apunta.

Por otro lado, Edo insta al alcalde, Alberto Fabra, a “dar ejemplo de ecuanimidad” y solicitar a la Diputación Provincial a que retire los cartelones de Agua para todos que cuelgan de la fachada de la institución. En este caso el edificio no está declarado como BIC, pero se sujeta a otras normas legales.

El equipo de gobierno municipal está promoviendo la elaboración de una Ordenanza de Convivencia Ciudadana que, en uno de sus artículo, regula la colocación de carteles, rótulos, pancartas y adhesivos en los espacios públicos. La nueva normativa señala que los elementos de publicidad y propaganda deben contar con autorización municipal para un tiempo determinado.

Asimismo, se explica que el Ayuntamiento obligará a la retirada de los carteles sin licencia y que, en caso de negativa, los eliminará con medios municipales. Los costes correrían a cargo del infractor, que también se debería enfrentar al pago de las correspondientes sanciones.