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El Partido Popular de Castellón ha impuesto hoy su mayoría en el pleno para evitar que la corporación local retirara los honores políticos otorgados a los jerarcas de la dictadura. En concreto, la Medalla de Oro de la Ciudad concedida a Francisco Franco en 1958, durante una visita a Castellón para conmemorar el vigésimo aniversario de la ocupación franquista de Castellón, y los títulos de hijo adoptivo y alcalde perpetuo al ex ministro Ramón Serrano Súñer, aprobados en 1941, en el periodo más dramático de la posguerra.

El concejal socialista Josep Lluís Grau ha defendido la moción para aplicar el espíritu de la Ley de la Memoria Histórica y ha justificado la iniciativa de retirar las distinciones: “Franco alentó una rebelión militar contra la legalidad republicana, desató una guerra civil terrible y planificó una represión sistemática contra media España; mientras que Serrano Súñer, como ministro de Gobernación y Exteriores, creó los esquemas jurídicos de la represión, solicitó a las autoridades de la Francia ocupada la entrega de más de 600 refugiados republicanos para represaliarles y negó la condición de españoles a miles de cautivos en los campos de exterminio nazis”.

Grau ha significado la relevancia de la petición del PSPV para “dignificar la memoria de los derrotados” en la guerra, que “sufrieron los rigores extremos de la persecución política y una represalia física y psicológica atroz”. El concejal socialista censura el “talante profranquista” del equipo de gobierno municipal y lamenta “la oportunidad perdida del PP para significarse en la reivindicación democrática de los horrores, del genocidio fascista”.

En ese sentido, Grau ha evocado al último premio Cervantes, Juan Gelman, quien en el acto de entrega del galardón, ayer miércoles, avaló el carácter moral de la Ley de la Memoria Histórica española y abogaba por la restitución del honor de las víctimas de la violencia política: “Hay quienes vilipendian este esfuerzo de memoria. Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas. Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. Su único tratamiento es la verdad. Y luego, la justicia. Sólo así es posible el olvido verdadero”.

El concejal de Cultura, Miguel Ángel Mulet, del PP, ha iniciado su comparecencia en el pleno con un “Franco ha muerto”, al estilo del ex presidente del Gobierno franquista Carlos Arias Navarro. El edil popular ha defendido una moción alternativa a la del PSOE en la que “sólo se perseguía rebajar el tono político” de la iniciativa socialista, según Grau. De hecho, el PP ha eliminado la propuesta de retirar los honores municipales a Franco y Serrano Súñer y se ha limitado a acatar las obligaciones que resulten de la ley. Es más, el PP ha asegurado que no trabajará de forma coordinada con el Gobierno para la elaboración del catálogo de la simbología franquista que ha perdurado hasta hoy, como estipula la ley, sino que espera que sea el propio Gobierno central el que lo elabore y lo ponga a disposición del Ayuntamiento.

PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO
El pleno ha acordado también, con los votos a favor del PP y del Bloc, y con la oposición socialista, el Plan Económico-Financiero con el que el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, quiere “poner el cinturón” al Ayuntamiento para equilibrar el presupuesto municipal. El documento, que ha sido elaborado por el Área de Gestión Económica, obliga a aplicar medidas contundentes para sanear las cuentas públicas en los próximos tres años.

El concejal socialista Juli Domingo ha reprochado “la ineficacia del PP, que ha abocado a la institución municipal a la bancarrota”. El plan marca las directrices a adoptar por el Gobierno local en el próximo trienio para restablecer el equilibrio presupuestario. Entre las más destacadas se encuentran las de subir los impuestos por encima del 6% para mejorar la financiación, frenar el endeudamiento, congelar el aumento de plantilla y acabar con las horas extraordinarias, limitar el gasto corriente y exigir más recursos al resto de administraciones públicas, en especial a la Generalitat Valenciana.

Las medidas programadas por los técnicos municipales, y refrendadas por el alcalde, forzarán al equipo de gobierno a mejorar la gestión de la recaudación municipal, con el fin de evitar que se acumulen 27 millones de euros en recibos sin cobrar sólo en un año, como ha pasado en 2007. También propone vender patrimonio público para ganar liquidez y plantea contratar un préstamo extraordinario para acabar con la deuda extrapresupuestaria (gastos sin consignación presupuestaria contratados a dedo).