UPyD plantea prohibir a los alcaldes y concejales que dejen su cargo, trabajar en empresas que contraten con el Ayuntamiento, durante los dos años siguientes
UPyD considera necesario igualar la normativa de incompatibilidades aplicada a altos cargos del Estado, a concejales y alcaldes
Unión, Progreso y Democracia considera imprescindible y necesaria una revisión y endurecimiento del régimen de incompatibilidades de los Alcaldes y concejales, igualándolas con las aplicadas a altos cargos del Estado.
UPyD, en su afán por regenerar la vida política municipal y evitar que los cargos electos utilicen para su propio beneficio las instituciones, plantea en sus programas electorales municipal y autonómico, varias medias que limitarán el poder del alcalde, normalmente con atribuciones demasiado amplias en asuntos relacionados con las contrataciones y concesiones.
La más impactante sería la de prohibir por ley a alcaldes y concejales durante los dos años siguientes a su cese, trabajar para empresas de un determinado nivel de contratación con el Ayuntamiento, así como desarrollar límites estrictos a las posibilidades de inversión privativa de los cargos públicos en empresas con financiación pública.
En la línea de esta última propuesta, la formación política también pretende habilitar un Registro de “actividades profesionales coincidentes” en el que todo político y todo profesional que ejerza un cargo en una institución pública o en una empresa pública, corporación o similar, hará constar sus actividades profesionales y participaciones en empresas cuya actividad coincida total o parcialmente con la propia de la institución o empresa pública que gestione, reseñando en su declaración también la existencia de actividades coincidentes por parte de su cónyuge, conviviente o personas con parentesco hasta el segundo grado.
Para UPyD es vital que la “cosa pública” sea salvaguardada para que los ciudadanos vuelvan a confiar en los políticos, por eso sus medidas no quedan ahí, sino que plantean otras no menos llamativas como limitar el mandato del Alcalde de Castellón a un máximo de 2 legislaturas completas, establecer límites a la capacidad de fijar libremente el sueldo de alcaldes y concejales y equiparar las condiciones económicas de los cargos municipales al resto de los trabajadores en lo relativo a prestaciones por desempleo y años de cotización para la jubilación.
Según Hurtado, candidato a la alcaldía de Castellón, “para que no nos tachen de demagogos, nosotros nos aplicamos nuestra propia medicina y en los propios estatutos de UPyD se incluyen medidas de regeneración democrática como la imposibilidad de simultanear la percepción de ingresos como cargo público y la de remuneración por el propio partido, así como la de desempeñar dos cargos públicos electos en representación del partido de forma simultánea”
