Calles urge a Camps a ceder el edificio de la vieja Audiencia al Ayuntamiento y la Universitat

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, acusa al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, de obstruir el acuerdo institucional para el uso compartido de edificios públicos por parte de las diversas administraciones públicas.

En concreto, Calles expone el caso de la vieja Audiencia Provincial, que presenta un estado de dejadez “impresentable”. Tras año y medio de abandono, las instalaciones están acusando el deterioro y amenazan la seguridad de los peatones. Hasta el extremo de que el Ayuntamiento ha debido colocar vallas para evitar accidentes con la caída de cascotes.

“El retraso en la cesión de los juzgados está paralizando y retrasando algunos proyectos que se anuncian como emblemáticos para Castellón, como el Megaespai, una promesa incumplida del PP, y la residencia universitaria de la UJI”, apunta Calles. También está previsto que estas dependencias acojan un punto de encuentro familiar.

La falta de un mediador por parte de la Generalitat es, en opinión del portavoz socialista, la principal causa de que “Castellón no pueda disfrutar de un edificio singular en pleno centro de la ciudad para la puesta en marcha de proyectos que han de contribuir a potenciar la cultura y la educación”.

Por otro lado, el portavoz socialista exige al alcalde, Alberto Fabra, que reivindique ante la Generalitat Valenciana un compromiso firme sobre la gestión compartida de edificios públicos entre la Universitat y el Ayuntamiento.

El acuerdo alcanzado en diciembre de 2005 entre el alcalde, Alberto Fabra; el rector de la UJI, Francisco Toledo, y el entonces vicepresidente del Consell, Víctor Campos, parece haber entrado en una vía muerta. El representante del Gobierno valenciano se comprometió hace dos años a firmar un convenio sobre el uso compartido de los edificios de la antigua sede de Hacienda, el viejo Palacio de Justicia de la plaza Borrull y la Llotja del Cànem.

Campos dejó el Consell sin llevar adelante su compromiso. Según Calles, la actitud del alcalde tampoco ha sido más clarificadora. Fabra se desplazó a Madrid el 24 de enero de 2007 para mantener una reunión con la subsecretaría de Estado de Hacienda, Juana María Lázaro, y con la directora general de Patrimonio, Mercedes Díez, para abordar la negociación sobre el edificio de Huerto Sogueros.

“Fabra se adjudicó el éxito de la operación y afirmó que impulsaría el acuerdo con la UJI para compartir las instalaciones, pero ha pasado un año y el convenio sigue igual de bloqueado”, apunta Calles. “Un signo más de la debilidad con que Fabra trata de gobernar Castellón”.

El líder de la oposición recuerda que el alcalde se comprometió a reclamar la firma del convenio del uso de edificios al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, pero “el supuesto hombre fuerte del PP de Castellón en el Consell está siguiendo los mismo pasos en falso que Campos”.

El retraso en la concreción del convenio ha comenzado a inquietar también a las asociaciones vecinales. La Junta de Distrito Centro analizó en octubre las demandas de una entidad ciudadana para conseguir un centro polifuncional que satisfaga las necesidades de los residentes en el centro. Sin embargo, el concejal de Cultura, Miguel Ángel Mulet, del PP se opuso a la propuesta con la “excusa” de que el Ayuntamiento tendría acceso en breve al uso de Hacienda y el palacio de Justicia.