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El Gobierno Local ha mostrado su postura ante la ocupación de una finca de viviendas

El Gobierno Local ha mostrado su postura ante la ocupación de una finca de viviendas

    Ante la ocupación de una finca de viviendas en la ciudad de Castellón por parte de varias familias, el Gobierno Local de Castellón declara que:

    "- En cuanto hemos tenido conocimiento de estos hechos, el Ayuntamiento ha ofrecido a estas familias toda su colaboración y ha puesto a su disposición todos los recursos sociales de que dispone para que vengan a las oficinas municipales cuando quieran. De las familias involucradas en esta situación, el único caso del que tenemos información ha sido atendido en los últimos meses por diferentes servicios municipales y se le han ofrecido diferentes soluciones para su problema.

    - El equipo de gobierno está al lado de las personas que peor lo están pasando todos los días, actuando según los procedimientos establecidos y con criterios objetivos, concediendo ayudas de alquiler y evitando el corte de suministros de agua, luz y gas, entre otras medidas. De hecho, durante el segundo semestre de 2015 se han concedido 1.383 ayudas económicas para el pago del alquiler de la vivienda, destinadas a familias en situación de emergencia social. El importe total del gasto por este concepto asciende a 500.765,00 €, lo que supone una media de gasto por ayuda concedida de 362,08€.

    - Estamos ante una ocupación ilegal de una vivienda, y no ante un desahucio. Además, se da la circunstancia de que el edificio es de un particular y no de una entidad bancaria.

    - El Ayuntamiento de Castellón no puede avalar, en ningún caso, una ocupación ilegal de una propiedad privada, ya que este hecho sienta un peligroso precedente.

    - El protocolo que el Ayuntamiento firmó el pasado mes de septiembre con la Audiencia Provincial es para evitar desahucios y no ocupaciones ilegales, que se deberán resolver por otros cauces.

    - Pedimos a los vecinos y vecinas de Castellón, y a las diferentes asociaciones y entidades, que respeten las normas de convivencia ciudadana. Nuestra obligación como servidores públicos es resolver los problemas de la gente y no generarles conflictos legales".

     

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