El Pleno aborda este viernes la creación de la figura del Defensor del Ciudadano de Calp

En la sesión plenaria de este viernes, 12 de mayo, la Corporación abordará la aprobación de un reglamento orgánico de creación y funcionamiento de la figura del Defensor del Ciudadano de Calp. La idea surgió en el seno del Consell Assessor d’Exalcaldes, en diciembre del pasado año, y con ella se pretende dotar a la ciudadanía de una figura con funciones similares a las del Defensor del Pueblo, o del Síndic de Greuges, en cuanto a la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas, pero en el ámbito local.

La propuesta se sustenta en el artículo 137 de la Constitución, que establece la autonomía de gestión de sus propios intereses, a los municipios. Así, el Defensor del Ciudadano se configurará como una Oficina de carácter público con funciones de enlace y colaboración entre el ayuntamiento, y los ciudadanos. Al frente de la misma se situará una persona, designada a propuesta del Pleno, con la denominación de “Defensor/a del/a Ciudadano/a”.

No estará sujeto a ningún tipo de mandato imperativo; no recibirá instrucciones de ninguna autoridad, y realizará su labor con autonomía y según sus criterios. El Defensor del Ciudadano será propuesto por el Pleno, y entre otros requisitos deberá llevar al menos cinco años empadronado en Calp, ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus derechos civiles y políticos.

El cargo es incompatible para quienes ocupan puesto de concejales, personas en el ejercicio de carreras judiciales o de fiscal, personas con cargo directivo en la administración local o empresas públicas locales o participadas. Tampoco es compatible con quien pertenezca en activo a las Fuerzas Armadas o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, o sea funcionario municipal en activo. Así, en caso de producirse alguno de los casos, la persona designada tendrá que renunciar o solicitar excedencia antes de tomar posesión del cargo.

El Defensor del Ciudadano intervendrá por iniciativa propia, o a petición de personas físicas o jurídicas, ante actuaciones que impidan o deterioren el legítimo ejercicio de los derechos ciudadanos. No podrá hacerlo si las denuncias son anónimas, si advierte mala fe, falta de fundamento, o si tienen la finalidad de perturbar o paralizar el funcionamiento del ayuntamiento.

Las actuaciones de la Oficina del Defensor del Ciudadano serán reservadas y contra sus decisiones no se podrá interponer ningún recurso. Para el desarrollo de sus funciones podrá contar con un auxiliar administrativo perteneciente a la plantilla municipal. Su retribución será a cargo de las arcas municipales y la cuantía guardará proporción con los salarios establecidos para el personal eventual del Ayuntamiento.