El pleno de Calp aprueba la amortización de 101 plazas de la plantilla de Personal

El pleno del ayuntamiento de Calp ha aprobado la amortización de 101 plazas de la plantilla de personal municipal. 71 de ellas están ocupadas. En el Ayuntamiento de Calp hay 154 trabajadores declarados en 2008 en plazas en fraude de ley pendientes de amortización o provisión reglamentaria, según un acuerdo plenario. El Gobierno también ha acordado la provisión de 80 plazas.

El portavoz del gobierno, Paco Cabrera, ha señalado que la situación de la hacienda municipal es muy preocupante debido a la elevada deuda que presenta el consistorio y el remanente negativo de tesorería, el cual, la propia administración es incapaz de absorber en un ejercicio anual (como marca la ley) y debe aplazarse a 10 años, según el Plan de Saneamiento tiene establecido. De hecho, ha señalado que este remanente se ha incrementado mucho en los últimos años y que no se ha dotado en cuatro años de un presupuesto municipal a la administración para poder controlar el gasto.

En este sentido, Cabrera ha señalado que esta medida no la ha creado el gobierno, sino que da cumplimiento al Plan de Saneamiento aprobado en noviembre de 2010, bajo el mandato de la anterior corporación, y que establecía que en 2012, según marcaba el citado Plan, se debían recortar cerca de dos millones de euros en el capítulo de Personal, hasta que el gasto se situara aproximadamente en 13 millones de euros y no 15 como establecía el presupuesto de 2007, sobre el que se había basado el Plan de Saneamiento. El Plan, pese a ser aprobado en 2010 eximía al ejercicio de 2011 de los recortes, lo que Cabrera ha calificado de medida populista en año de elecciones.

Cabrera ha insistido en que la administración ha funcionado los últimos cuatro años “a base de mentiras continuadas con un presupuesto irreal basado en cuentas del 2006 y nadie ha puesto remedio”.

Cabrera ha recordado que la administración pidió tres préstamos por un importe total de 15 millones, gastados a lo largo de estos cuatro últimos años en diversos gastos, también de la partida del corriente, y ahora deben amortizarse con intereses, algo más que “asfixia” la administración.

Cabrera ha defendido la transparencia del proceso y ha instado a la oposición a sumarse a la medida por responsabilidad con la hacienda pública. El alcalde, César Sánchez, ha asumido las críticas de la oposición y se ha hecho responsable del acuerdo, que ha calificado como “muy doloroso pero necesario para poder sacar a flote una administración en quiebra. Nadie puede gastar lo que no tiene y aquí ha sucedido”, ha señalado, mientras pedía “sensatez y valentía” para tomar decisiones y asumir responsabilidades.