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El Ayuntamiento inicia la disolución de la Empresa Pública Municipal de Calp

    Hoy miércoles, se ha celebrado Junta General extraordinaria de la empresa Pública Municipal de Calp en la que se ha aprobado, tras un tenso debate y con ausencia de numerosos concejales, iniciar la disolución de la mercantil en cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital.

    La aprobación de la disolución ha contado con los votos favorables del Alcalde, Joaquim Tur, y los ediles Antonio Romera y Javier Morató mientras que el edil Pedro Jaime Fernández ha votado en contra. El resto de concejales del Grupo Popular y el Grupo Socialista y Antonia Avargues han abandonado la Junta al no atenderse su petición de dejar el punto sobre la mesa ya que consideraban que faltaba documentación. Con todo, el alcalde ha señalado que el expediente de la documentación ha estado 15 días expuesto.

    No asistieron a la Junta los ediles José Perles, Lina Crespo, Juan Roselló, Marta Cabezudo, Encarna Llinares y Nicolai Pérez.

    En la Junta se ha dado lectura del informe de la Gerente sobre las causas legales que llevan a la disolución de la empresa. Además el Consejo de Administración en el mes de febrero ya aprobó por unanimidad llevar a la Junta la propuesta de disolución.

    El próximo 9 de abril se reunirá el Consejo de Administración para tratar las cuentas del ejercicio de 2010, el alcalde ha invitado a todos los concejales a participar en este Consejo de Administración aunque no formen parte de él. Con posterioridad, se convocará de nuevo a la Junta General para aprobar las cuentas y nombrar liquidadores de la empresa.

    La Empresa Pública Municipal fue creada en junio 2006, ha gestionado los proyectos e inicio de obras del edificio ubicado en la avenida Puerto de Santa María, además, desde enero de 2008 es Oficina Municipal de Vivienda, funciona como gestor de la Sociedad Pública de Alquiler e informa, asesora y gestiona todo lo relacionado con ayudas y subvenciones de alquiler, compra de vivienda, rehabilitación de edificios, etc.

    El pasado año se adjudicó la primera fase del edificio de VPO, sin embargo la negativa de las entidades financieras a conceder crédito ha llevado a la empresa a la situación actual en la que la ley aconseja su disolución.

     

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