El Pleno aprueba la constitución de una comisión informativa especial de investigación sobre la subasta y posterior expropiación de la Papelera

La Corporación ha aprobado esta mañana en un pleno extraordinario constituir una comisión informativa especial de investigación sobre la enajenación forzosa en subasta judicial y posterior expropiación de la Papelera, compuesta por 6 miembros del PP, 3 del PSPV-PSOE, 1 de CIBUR y 1 de CV, asumiendo la presidencia el propio alcalde. Por parte de la concejala de Ciutadans, Mariola Aguilera, se ha pedido que no forme parte de la misma ningún edil que en su día tuviera algo que ver con este asunto.

El objetivo prioritario que plantea la oposición es analizar qué aconsejaban los informes encargados por el Ayuntamiento, antes de la subasta, y por qué motivo el municipio no concurrió a la licitación, sabiendo que era suelo dotacional y que podían obligarle a comprarlo.

Sin embargo, hay muchos puntos que tratar y aclarar, puesto que el proceso ha sido largo y existe una vasta hemeroteca que sin duda aclarará cuestiones olvidadas y posicionamientos políticos erráticos desde que en 1995 se calificara la Papelera como dotacional sanitario para ofrecer el solar como posible ubicación del Hospital de la Plana.

Por ejemplo, en estos momentos se insiste en la subasta, pero dos años antes, desde 2001, la que fuera propietaria de la Papelera, Promotora Desarrollos Urbanísticos AMEG, S.L., «pues actualmente ya es municipal», fue adquiriendo poco a poco los créditos bancarios que pesaban sobre las instalaciones que pertenecían a una docena de entidades financieras, hasta que en enero de 2002 anunciaron públicamente, a través de los medios de comunicación, que iban a reclamar la deuda en los juzgados, que ascendía a 4,8 millones de euros, para forzar una subasta en la que se decidiera definitivamente quien pasaba a ser el propietario. Lo que es obvio es que AMEG se pudo quedar la Papelera por sólo 1.668.200 euros porque ellos ya eran los propietarios de la deuda, pero cualquier otro no lo hubiera hecho por debajo del valor de lo adeudado, que eran casi 5 millones de euros. El quid de la cuestión no era la subasta sino la previa adquisición de los créditos bancarios.

Otra cuestión a analizar son las valoraciones de los terrenos realizadas por los técnicos, y que sirvió de pauta para que los grupos municipales se posicionaran al respecto. Existe una primera valoración, que frenó la postura unánime tomada por todos los grupos en la Comisión de Urbanismo del 21 de abril de 2005, para recalificar los terrenos a la empresa y quitarse el asunto de encima, que cuantificó la Papelera en sólo 1,8 millones de euros. Más tarde hubo una segunda valoración que ya se ajustaba al primer justiprecio de 4.853.894,23 euros; pero ahora el TSJCV lo ha situado en 8.594.773,63 euros porque se calculó un aprovechamiento de 0,60 m² de techo por m² de suelo a pesar de que el propio PGOU de Burriana establece para estos casos 0,75.

El Ayuntamiento, en caso de haber decidido acudir a la subasta, por decisión propia, o por la presión ejercida por el resto de fuerzas políticas, tuvo dos oportunidades. La primera la subasta del 4 de abril de 2003, que se suspendió por motivos técnico-jurídicos, tal y como informó la prensa. Y la segunda la subasta definitiva en la que también habían otras dos empresas privadas que sólo pujaron por los solares de la Papelera El Cid, y que se celebró ocho meses después, el 1 de diciembre de 2003.

Aparte de los terrenos que se subastaron, hay otros 8.000 m², que pronto se sabrá el justiprecio, que AMEG fue comprando directamente a diversos propietarios. Y en este caso la responsabilidad no se sitúa en establecer por qué no se acudió a la subasta.

El Ayuntamiento también tendrá que pagar el año que viene otro justiprecio de 1,4 millones de euros por unos terrenos dotacionales educativos junto al IES Jaume I, por lo que será conveniente que la Comisión creada analice los derechos y obligaciones que adquiere el Ayuntamiento cuando sobre un plano delimita un área dotacional, que luego resulta que no quiere para nada.

Mientras todo esto se aclara, todo apunta a que el asunto terminará en el Tribunal Supremo, puesto que no ha existido contacto alguno entre el Ayuntamiento y la empresa que preparan cada uno sus respectivos recursos. El municipal para rebajar el precio, y el de AMEG para incrementarlo todavía en 2,5 millones de euros más, pues sostienen que el TSJCV ha calculado la edificabilidad sobre una parcela intermedia, que no es ni la neta ni la bruta, y sus asesores jurídicos sostienen que hay que hacerlo sobre el suelo bruto. De tenerse en cuenta este recurso, el precio de la Papelera terminaría alcanzando los 11 millones de euros.