El pleno acuerda prescindir de seis asesores para aligerar el presupuesto, mientras la oposición pide recortes en las dedicaciones exclusivas

El pleno ratificó ayer, por unanimidad, la resolución adoptada por el alcalde, José Ramón Calpe, de eliminar seis asesores, con la intención de aligerar la carga presupuestaria en alrededor de 300.000 euros. Concretamente, desde hoy, han cesado las asesoras del PP y PSOE, así como el de CIBUR y la de CV, estos últimos contratados a media jornada. También han cesado en sus funciones la asesora de turismo y el de servicios sociales.

Pese a la unanimidad, este punto originó un intenso debate entre el Partido Popular, el PSPV-PSOE y Ciutadans Independents. El portavoz socialista, Ramon Monferrer, pidió al alcalde que siguiera con la política de recortes, y eliminara un asesor más, de los tres que continúan, así como las dedicaciones exclusivas de dos concejales. Actualmente hay cuatro ediles del equipo de Gobierno que no cobran por asistencias a plenos y comisiones, como el resto, sino que están contratados con dedicación exclusiva para ocuparse de sus asuntos. Según Monferrer, hay concejales liberados cuyas competencias no justifican la plena dedicación. Pese a que en el pleno no se pronunció acerca de a qué concejales habría que suprimir la dedicación exclusiva, posteriormente aclaró que ni se justifica la del concejal de agricultura, ni tampoco la de la concejala de educación y políticas activas de empleo, pues a su entender posee competencias que básicamente no son municipales.

El alcalde fue tajante cuando se le preguntó si iba a suprimir alguna dedicación exclusiva y respondió escuetamente que: “no”. Por su parte el portavoz popular, Javier Perelló, aludió, refiriéndose a la oposición, que “cuantos más concejales liberados peor para ustedes, porque lo que lo que les gustaría, y reconozco que están en su papel, es que las cosas funcionaran mal, y no se atendiera a los ciudadanos como es debido”.

Con la abstención del PSPV se aprobó la nueva tasa por prestación de servicios y uso de instalaciones derivadas de matrimonios civiles por importe de 120 euros. La concejala socialista Cristina Rius advirtió que esa tasa no beneficiaba al sector de la restauración de la localidad pues había un porcentaje de bodas que se contrataban con gente de fuera, precisamente porque en el Ayuntamiento de Burriana no cobraban nada por casarse. El concejal Perelló respondió que difícilmente 120 euros eran motivo suficiente para variar el lugar de una boda, y añadió que “ustedes que predican tanto la igualdad, ahí se están generando unos gastos, que pagamos entre todos, y del que se benefician unos pocos, y lo lógico es que, el que quiera un servicio, que lo pague”.

También por unanimidad se aprobó una moción para solicitar a ADIF que dote a la estación de trenes que comparten Burriana y Alqueries de un paso, bien soterrado o aéreo, para cruzar los andenes y evitar el peligro. El concejal Ramon Monferrer, pese al voto favorable de su grupo, recriminó el que este asunto volviera a llevarse a pleno porque ya se aprobó una moción a principios de julio en el que se reclamaban diferentes infraestructuras e inversiones a ejecutar por diversas administraciones, entre las que se encontraba ésta, censurando que desde entonces no se hayan realizado las gestiones oportunas para alcanzar soluciones. Su postura fue  reprobada por CIBUR, y también por el PP, quienes señalaron a través de su portavoz, Enrique Safont, que en este asunto sí se ha producido un hecho relevante para seguir insistiendo y es que se han aprobado los presupuestos generales del Estado sin que la estación de Burriana cuente con dotación para mejorar su seguridad.

La concejala de CIBUR, Mariola Aguilera, y la CV, Mercedes Giménez, sacaron a colación, a raíz de la aprobación de las tasas para el año que viene, en la que se reduce la de recogida de residuos en un 3,75 %, que esperan que esto no signifique un empeoramiento en el servicio, pues están existiendo problemas y dificultades con los nuevos contenedores. El concejal, Javier Perelló, informó que con la nueva contrata se ha mejorado sustancialmente el servicio, con camiones y contenedores más cómodos, provistos de modernos mecanismos, aunque reconoció que se habían producido algunos desajustes al principio, “algo lógico siempre que se implanta algo nuevo”.

Por unanimidad se aprobó el procedimiento de selección y adjudicación -así como las bases del concurso- para urbanizar la Unidad de Ejecución D1-2-4, una superficie de suelo industrial de unos 72.000 metros cuadrados ubicada entre la carretera de Nules y el Camí Vell de València, y en cuyo ámbito se asientan en la actualidad distintas empresas, que carecen de servicios urbanísticos básicos como el alcantarillado.

También se aprobó la concesión del honor de Hijo Predilecto de Burriana, a título póstumo, a Vicente Cañada Blanch, comerciante citrícola que llegó a convertirse en el primer agente español importador de naranjas y verduras del Reino Unido.