El asunto tenía precedentes. Como el título de una novela del partidario de Fidel Castro, García Márquez (utilizada muchas veces como muletilla), lo sucedido ahora era la crónica de un abuso anunciado.
Ya en enero pasado, a dos meses de las elecciones generales del 9 de marzo, el PSOE dijo que iba a incluir en su programa electoral una propuesta para reformar la Ley de libertad religiosa porque lo que querían era producir una “actualización y ajuste constitucional” porque, según esto da a entender, el tema de la religión no está tratado, en la Carta Magna, según el gusto del partido político que encabeza Rodríguez Zapatero.
Por eso digo que se trata de algo anunciado y que, sobre todo, se trata de la imposición de un laicismo de Estado a la fuerza, obligatoriamente, por su caprichoso gusto.
¿Qué ha de implicar tal cosa?
Es de ingenuos quedarse esperando para ver si de resultas de tales modificaciones constitucionales y legales se puede derivar algo bueno para el cristianismo; es de inocentes sentir algún tipo de esperanza cuando quien trata de hacer tales cosas es, ni más ni menos, que la persona que la pergeñado Educación para la Ciudadanía, quien apoya a un ministro que quiere imponer la Eutanasia y quien, al fin y al cabo, está radicalmente en contra de un concepto mínimamente presentable de libertad religiosa.
No, nada de esto va a suceder y quien espere lo contrario que se vaya preparando para lo que tiene que venir porque, ciertamente, si algo se puede decir de este Ejecutivo, de sus miembros y de su Presidente es que se les ve venir de lejos. Y en este caso se les ha venido viendo el plumero desde hace, ya, mucho tiempo.
Quieren, según dice, reafirmar los principios de “laicidad del Estado” y, de paso, de libertad religiosa.
Lo que significa esto es que van a tratar de hacer desaparecer de la vida pública toda relación que, por nimia que sea, pueda existir entre los organismos públicos y la Iglesia católica. No vayan a pensar que se trata de hacer otra cosa porque las demás confesiones religiosas en España constituyen una cantidad casi ínfima de creyentes que, por mucho respeto que se les pueda tener (no desde el Ejecutivo sino desde el resto de creyentes) su influencia social es, y mucho que les duele tal cosa, insignificante.
Por eso se quiere revisar, a la baja, la Ley de 1980 porque en ella se establece un marco de desarrollo de lo religioso en España que, según entienden, ya no va con los tiempos actuales. Lo que quieren decir es que no va con su ideología sectaria, claramente laicista y puramente contraria a lo católico (no crean que van más allá en su pensamiento único y políticamente correcto)
Por tanto, el tan cacareado “avance en la laicidad del Estado” es, en este caso, no una trampa dialéctica sino, directamente, una fosa común religiosa en la que quieren enterrar las expectativas de desarrollo de la fe en España. Otra cosa no es creíble ni será posible porque estando en las manos en las que estamos nada bueno (hay abundantes pruebas de eso) se puede esperar.
Es posible que alguien pueda pensar que soy excesivamente alarmista y que lo que digo está preso de alguna afección contraria al socialismo y que obro y escribo con rabia u odio.
Nada más lejos de la realidad que, en sí misma, es ya bastante terrible, porque lo que viene ahora es, aún peor porque es, en verdad, lo que buscan, exactamente, con tales reformas.
Y lo que digo es esto.
Seguramente la verdadera intención de todo este cambio que se prepara no es que todos los grupos religiosos tengan cabida en el ancho mundo de la ley del Estado. Seguro que no es esto porque tal comprensión hacia lo religioso en una persona como el Presidente del Gobierno es, sencillamente, imposible. Lo que ha de ser intención bien cierta del Rodríguez Zapatero es lo que sigue:
El artículo tercero de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 dice lo siguiente (en su apartado dos):
“Queda fuera del ámbito de protección de la presente Ley las actividades, finalidades y entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores humanísticos o espirituales u otros fines análogos ajenos a los religiosos”
Sobre esto el Presidente del Gobierno, dijo, en el debate de investidura, que se iba a oponer a cualquier tipo de discriminación en materia religiosa. ¿A qué se puede referir?
Pues bien, pues yo digo que, seguramente, se está refiriendo a las denominadas "sociedades filosóficas"; o sea, simplemente a la masonería ya que esto se parece, mucho, a lo que, precisamente no ampara la Ley de 1980: los valores humanísticos o espirituales.
¿Puede ser otra la razón de toda esta zapatiesta que se va a formar?
