El laicismo rampante español pretende, otra vez, atacar a la Iglesia como sea. Ahora es, o se trata, de los acuerdos de 1979 a los que añaden los de 1976 por eso de que al haberse firmado antes de la aprobación de la Constitución de 1978 da la impresión de que son algo antitodo.
Dentro de las posibilidades que tienen los partidos políticos que tienen representantes suyos en el Congreso de los Diputados se encuentra la de presentar Proposiciones no de Ley.
Sin embargo, no siempre se hace uso de tal instrumento legislativo de una forma, digamos, razonable y justa.
El caso que aquí se recoge es un ejemplo de hasta dónde se puede llegar cuando alguien no sabe en la sociedad en la vive; cuando alguien no respeta las creencias ajenas; cuando alguien se encuentra un poco despistado sobre los verdaderos intereses sociales y quiere hacer de su capa un sayo para vestirnos a todos con sus harapos ideológicos.
Vengo a decir eso porque el bloque nacionalista gallego, más conocido como BNG, ha tenido una idea que, viniendo de donde viene (o sea, de los separatistas gallegos) no deja de ser interesante y está llena de un asegurado futuro.
Al parecer, tal partido político tiene la intención de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero inicie conversaciones para que los Acuerdos suscritos con la Santa Sede en 1976 y 1979 puedan ser revisados y adecuarlos al “carácter aconfesional del Estado español”.
Y, por una vez hay que dar la razón al partido gallego que, aunque sin quererlo, ha dado una pista de por dónde han de ir las cosas. Efectivamente hace falta que los acuerdos tan maltratados por muchos componentes de la izquierda española necesitan una revisión.
El problema para ellos (para el BNG) es que la revisión de tales acuerdos debería ser al alza y no a la baja como es lo que pretenden estos animadores del laicismo.
Por ejemplo, habría que recordarles, a estos señoritos de la política, que el apartado 3 del artículo 16 de la Constitución dice, exactamente que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”
Y lo que les duele en el corazón es que la sociedad españole sea, mayoritariamente (pero con una hermosa mayoría) cristiana y que además sea católica (para más preocupación para ellos)
Por lo tanto, lo que deben hacer los poderes públicos es respetar lo que dice este apartado, el 3, de tal artículo, el 16 que es, a buen seguro, fuente de preocupación ideológica para partidos políticos como el BNG y demás de la izquierda (el PSOE también pidió la tal revisión con ánimo no muy bueno ni positivo) ya que también habla de libertad ideológica, religiosa y de culto y eso, digan lo que digan, no es del gusto de tales laicistas personas.
Pero lo que aquí importa es decir que sí. Efectivamente, los acuerdos de 1979 (y los de 1976) deberían ser revisados pero lo deberían ser no como quiere el BNG y otros sino, al contrario, al alza. Deberían ser revisados al alza o, lo que es lo mismo, reconociendo la ingente labor que lleva a cabo la Iglesia católica en beneficio de la sociedad y del más perjudicado por el funcionamiento del engranaje social (que es, precisamente, el más olvidado por el Estado)
Por ejemplo, en lo tocante al acuerdo en materia religiosa se debería reconocer que más del 70% de los padres de alumnos siguen pidiendo que a sus hijos les sea impartida la asignatura de Religión Católica y esto debería ser utilizado como base para mejorar la colaboración del Estado con la Iglesia católica.
Hablan de la “grave discrecionalidad e impunidad jurídica en la que realiza la Iglesia católica las funciones pactadas con el Estado en materia de enseñanza religiosa”
Lo que se quiere traducir (hago de traductor simultáneo a la realidad de las cosas) es que no se tolera que la Iglesia católica haga uso de las competencias que le son propias o, lo que es lo mismo, que no se admite que tal posibilidad exista.
Por ejemplo, en lo tocante a los acuerdos en materia económica y por mucho que se haya llegado a otro muy reciente referido al IRPF y a la nueva “financiación” por tal vía de la Esposa de Cristo, sería conveniente que se corrigiese el desfase que existe ente lo que, hasta ahora, el Estado aportaba a las arcas de la Iglesia católica y lo que ésta aporta a la sociedad en forma de trabajo gratuito. Entonces sí que se haría, de verdad, algo de justicia a tanto desfase existente entre una cosa y otra.
Y estos son dos ejemplos de los muchos que se podían poner.
Sin embargo, sí que nos gustaría decir algo para que quede claro para siempre: los católicos, contribuyentes como los demás queremos que se cumpla la Constitución de 1978 y que se respete el mayor arraigo social del catolicismo en España, que se tenga en cuenta como objetivo del Estado de protección de tal creencia y que, si es posible, no se ataque de forma inmisericordia (aunque ya sabemos que la misericordia y la izquierda no encajan muy bien) a la Iglesia católica y, de paso, a los creyentes que, repito, también contribuimos con nuestros impuestos a que el Estado funcione.
Pues sí... que se revisen los acuerdos entre la Iglesia y el Estado. Pero que sea pronto porque así resplandecerá la verdad (como realidad palpable) y la Verdad (con mayúscula por estar relacionada con la creencia en Dios)
