Poco a poco se van desgranando las decisiones judiciales que dejan las cosas, por ahora, en su sitio. Así, cuando una vez más el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dicho que la malhadada asignatura Educación para la Ciudadanía “violenta la libertad ideológica y religiosa” ha dado, seguramente, en el clavo o, también, ha descubierto la causa de todo este tejemaneje gubernamental socialista.

Y es que, al fin y al cabo se trata de una Educación para el laicismo y para tratar, al fin y al cabo, de que nuestros hijos militen en las filas del anticlericalismo más caduco que haya existido nunca que es el mismo que ha existido siempre.

Si en sentencias anteriores se reconoció el derecho de los padres a que sus hijos no cursasen la cita asignatura ahora ha ido, por decirlo así, un poco más lejos porque ha analizado, precisamente, el origen de todo el mal: los contenidos y, en concreto, los referidos a ideología de género, homosexualidad y opciones vitales.

Y después de un análisis (que ha de haber sido pormenorizado) han llegado a una conclusión clarificadora: se trata de una “ilícita invasión” en la ética, en el derecho y el moral.

¡Casi nada para una asignatura que, según se dice, no pretende adoctrinar a nadie!

Como sabemos, lo que se dice pretender con EpC (desde ahora Educación para el laicismo o, en otra versión, Educación para la Borreguería) es proporcionar conocimiento sobre valores democráticos y principios de convivencia.

Y eso, dicho así, suena bastante bien porque es una música que, al gustar ser oída, se sirve para que produzca tal efecto.

Sin embargo, cuando lo que se pretende es otra cosa hay que ir, se hace necesario, a la letra de lo que se pretende enseñar porque, de otra forma, nos quedaríamos, tan sólo, con los titulares de esta “benéfica” asignatura.

Cuando el que gobierna y tiene legitimidad para legislar se toma su trabajo de una forma neutral y, por lo tanto, seria, no pretende imponer sus ideas (a lo mejor no admiradas por todos) ni transforma su gobernación en una típica “ingeniería de almas” mediante la cual modificar el pensamiento general de la sociedad acudiendo al origen mismo del desarrollo social como es la infancia y la adolescencia.

Por lo tanto, no pretende “colar” como parte del proyecto educativo que sustenta la ciudadanía (como convivencia de las personas en una determinada sociedad) principios ideológicos como, por ejemplo, pueden ser los referidos a la ya citada ideología de género, al ya citado tema de la homosexualidad y a las ya citadas opciones vitales (pensemos, por ejemplo, en la eutanasia y decisiones similares)

Sin embargo, como eso es lo que, al parecer (cualquiera que no esté ciego voluntario puede verlo) se está queriendo hacer y así lo reconoce el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pues no parece que sea extraño que padres u organizaciones que no quieren, ni pueden permitir que así sea, dejarse dominar por ideologías enfermizas y que tanto daño han hecho a la humanidad, recurran tanto las normas que establecen como voluntaria a EpC como la misma aplicación de tan aberrante asignatura más propia de naciones echadas a perder o que están en camino de estarlo.

Dice la sentencia origen de este artículo que se vulneran los derechos fundamentales de los padres. Y eso es así ya que al tratarse de una asignatura obligatoria y “dirigida explícitamente a la formación moral de los alumnos, violenta la libertad ideológica y religiosa de las personas y al mismo tiempo el pluralismo político, constituido como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico“

¿Qué valores esenciales de una nación democrática no han sido tocados por la normativa de aplicación de EpC?

Pues muy pocos. Si se está en contra de lo que las personas puedan pensar desde el punto de vista ideológico y religioso y, además, del mismo pluralismo político es que, en verdad, lo que se pretende es instaurar una dictadura sectaria pues aquello que es lo elemental en una democracia se está pervirtiendo desde la base misma de su aprendizaje.

Y es que esto no es una labor a corto plazo. Se necesitan algunos años para tener completamente dominada a la sociedad. Por eso se busca tal período de asunción de conocimientos para ir modelando a la persona a gusto del que manda (o, como en este caso, desmanda)

Quizá por eso, y es criticable esto, el mismísimo Partido Popular se está echando atrás y parece que, ahora, entiende que no se puede permitir la objeción de conciencia a EpC y se buscan alternativas para que, al fin y al cabo, no se pueda ejercer el derecho a tal objeción y, así, se note menos la contestación pública a tan laicista asignatura.

Por otra parte, el título de este artículo no está puesto a tontas y a locas ni deja de tener sentido. Se trata de una educación para el laicismo porque lo que se quiere, al fin y al cabo, es desterrar de la sociedad el sentido que de lo religioso pueda haber e instalar, en su mismo seno, el sentido puramente revolucionario francés de que lo laicista debe imperar.

Como era de esperar, no tardó mucho un representante de la Junta de Andalucía, don Gaspar Zarrías en dar la versión de tal institución: “no paraliza absolutamente nada” tal decisión judicial ya que la afección a la ley lo es “de forma muy tangencial”.

Se ve que don Gaspar no entiende muy bien lo que se ha anulado o es que, en verdad, le importa muy poco la Justicia cuando no comulga con sus ideas.

Será lo último, seguro porque, al parecer, el respeto y cumplimiento de las decisiones judiciales, siempre, no debe entrar en el temario de EpC.