La ley de la Dependencia va a ser revisada, la Ministra lo anunció en una respuesta parlamentaria, y es una buena noticia.
El voluntarismo ministerial no puede ocultar el clamoroso fracaso de la puesta en marcha de una ley que, con los mejores propósitos, ha sido calamitosamente gestionada.
Concluidos ya los procesos electorales, en los que el PSOE trató de imputar un falso boicot de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a la implantación de la citada norma, se impone la honestidad de reconocer que el actual sistema es inviable en las 17 regiones.
El complejo y farragoso proceso administrativo, con 32 pasos, y que puede llevar alargar hasta en 12 meses la concesión de ayudas, que en mucho casos son inferiores al coste del procedimiento, ha sido criticado por el gobierno catalán y señalado como principal motivo de reclamaciones por los Defensores del Pueblo de las diferentes autonomías.
El actual nivel de frustración entre los grandes dependientes ha sido generado no sólo la pésima gestión ministerial, que tiene aun pendientes desarrollos reglamentarios que debieron haberse aprobado hace más de un año, sino especialmente por la sobreactuación y la inflación de promesas del anterior ministro, señor Caldera y del presidente del gobierno.
Por todo ello es conveniente ser realistas y que nuestros mayores y las personas con discapacidad sepan cuanto antes la verdad; no tienen ningún nuevo derecho, ni lo van a tener en el medio plazo, sólo una reforma en profundidad del actual sistema lo permitiría.
De hecho, cuando la ley esté implantada en 2015, se estima que el gobierno central asumirá tan sólo el 12% del coste, mientras que las comunidades autónomas soportarán el 82% y los usuarios el 6%, con esta distribución del gasto el gobierno socialista debe proceder a la indispensable reforma dando a las comunidades autónomas la consideración debida y no responsabilizándolas de su propio fracaso.
El actual esquema diseñado por el ejecutivo socialista de José Manuel Zapatero, -según Berlusconi, ni José Luis ni Rodríguez- no procura el mínimo común en servicios y prestaciones que se garantizó al Partido Popular en la negociación de nuestro apoyo a la ley, y es capaz de generar aún mayores desigualdades entre comunidades autónomas. Ese debe ser el eje de la reforma.
