La asistencia sanitaria de los funcionarios integrados del ayuntamiento de Burriana

El colectivo de funcionarios integrados del Ayuntamiento de Burriana, a través de un comunicado, muestran el interés de dar a conocer a la población lo siguiente:

"Hasta el año 1993, todos los funcionarios locales estábamos afiliados, obligatoriamente, a la MUTUALIDAD NACIONAL DE PREVISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL (MUNPAL), que había sido creada por Ley 11/1960, de 12 de mayo, y que gestionaba y administraba el Régimen Especial de la Seguridad Social para los funcionarios de Administración Local.

En el artículo 2.1 de sus Estatutos (aprobados por Orden del Ministerio de Gobernación de 9 de diciembre de 1975) se establecía: “Son fines de la Mutualidad, como órgano de gestión de la Seguridad Social de los funcionarios de las corporaciones locales, además del reconocimiento y pago de las pensiones de carácter pasivo señaladas en conformidad a las fijadas con igual naturaleza para los funcionarios de la Administración Civil del Estado, el establecimiento de otras modalidades de previsión y Seguridad Social que complementen dichas pensiones.”

Según el art. 29 de dichos Estatutos las prestaciones que concedía la Mutualidad se clasificaban en básicas (pensiones de jubilación, viudedad y orfandad), complementarias (ayudas por nupcialidad, natalidad, sepelio y capital seguro de vida) y especiales (asistencia sanitaria, que debía ser prestada por el Ayuntamiento en alguna de las modalidades que se expresaban).

El Ayuntamiento de Burriana pasó, avanzada la década de los sesenta, a prestar dicha asistencia sanitaria y farmacéutica a través de concierto con la entidad privada que entonces se denominaba Igualatorio Médico Quirúrgico de Castellón, en las mismas condiciones en que lo hacía la Seguridad Social (según le obligaba el Real Decreto 3241/1983, de 14 de diciembre), y por ello era compensado económicamente por la MUNPAL. Esta situación se mantuvo hasta 1993.

Algunas de las prestaciones básicas y complementarias fueron modificadas o eliminadas con el paso del tiempo pero no así el capital seguro de vida, que se regulaba en el art. 69 de los Estatutos citados: “1. Los asegurados en activo y los jubilados que hubieran llegado a ostentar la condición de asegurados a la Mutualidad causarán a su fallecimiento un capital seguro de vida.- 2. El capital seguro de vida ascenderá a una mensualidad del haber regulador por cada dos años de afiliación activa, pero en ningún caso podrá ser inferior a 10.000 pesetas.- 3. ..., serán beneficiarios del capital seguro de vida por el siguiente orden excluyente: ...cónyuge, ...hijos, ... nietos ... padres.”

El art. 70, a su vez, recogía que “Los asegurados a la Mutualidad, al pasar a la situación de jubilados, cumplidos, como mínimo, los 65 años de edad, y bajo las condiciones que se señalan en el número 2 siguiente, tendrán derecho a percibir el valor actuarial de rescate del 50 por 100, quedando el otro 50 por 100 para los beneficiarios que se mencionan en el artículo anterior.”

Mediante Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad social el Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración Local, se liquidó la MUNPAL y se eliminó dicho Régimen Especial.

Nunca más se supo de las aportaciones dinerarias efectuadas por los funcionarios de Administración Local que se hallaban en activo (incluidos, por supuesto, los del Ayuntamiento de Burriana) a su respectivo Capital Seguro de Vida, pese a que las mismas fueron reclamadas a la Mutualidad por todos y cada uno de nosotros (aún se guardan las copias de las solicitudes en la Sección de Personal). Los funcionarios del Ayuntamiento perdimos el derecho a una prestación por la que habíamos pagado y de la cual debíamos ser beneficiarios (o nuestros herederos) tras nuestra jubilación. En función de la antigüedad de cada uno, hubo compañeros que perdieron una cantidad de dinero muy elevada para la época.

Cuando se liquidó la MUNPAL, se dijo también que iban a desaparecer otras mutualidades de funcionarios (MUFACE, para funcionarios civiles del Estado, ISFAS, para miembros de las Fuerzas Armadas, ISM, Instituto Social de la Marina, etc.) que gestionan y administran regímenes especiales de la Seguridad Social para funcionarios públicos. No ha ocurrido así y muchos funcionarios de la Administración del Estado (y de la Generalitat) adscritos a estas Mutualidades tienen la opción de escoger individualmente, incluso hoy en día, el tipo de asistencia sanitaria que prefieren (pública o privada).

Para compensar en parte esta pérdida de derechos y puesto que la disposición adicional quinta del citado Decreto permitía que los funcionarios adscritos a la extinta MUMPAL cuyos Ayuntamientos estuvieran prestándoles cobertura sanitaria a través de concierto con compañía privada de seguros de salud pudieran seguir haciéndolo, previo acuerdo casi unánime tomado por los mismos en Asamblea General, el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29 de abril de 1993 acordó continuar la prestación sanitaria a sus 126 funcionarios más los familiares de éstos, a través de entidad privada. A fecha de hoy sólo quedan 93 funcionarios sujetos a ese concierto, los cuales sumados a sus familiares, no llegan a ser 250 personas. Dicho grupo, lógicamente, se va a ir reduciendo con el paso de los años, hasta su total extinción, según se vaya produciendo la jubilación de los titulares o la baja de sus beneficiarios por las diversas razones que la causan.

La opción mencionada podía tomarse hasta el 30 de abril de 1993. Ninguna normativa posterior ha derogado este decreto, por lo que su disposición transitoria quinta sigue plenamente vigente. Los Ayuntamientos que optaron por integrar a sus funcionarios en el sistema sanitario y farmacéutico público continúan en él. Los que decidieron seguir en concierto privado, continúan también en él. No conocemos casos, al menos entre los municipios más cercanos, en los que el cambio se haya producido con posterioridad.

Por todo lo expuesto, para compensar los derechos perdidos con la liquidación de la MUNPAL; para no crear distorsiones en las relaciones facultativos-pacientes establecidas mucho tiempo atrás (en muchos casos, más de 25 o 30 años); para evitar la interferencia en los tratamientos que puedan estar siguiendo actualmente los funcionarios o sus familiares y por tratarse de una parte de la plantilla, que tiene una antigüedad mínima de 18 años (en muchos de los casos, bastante mayor) y, porque se trata de una categoría administrativa a extinguir, es por lo que defendemos nuestra permanencia en este sistema de asistencia sanitaria.

A todo lo dicho hay que añadir la actitud que el Ayuntamiento está teniendo con este colectivo en relación con este proceso:

- No tuvimos conocimiento de la propuesta de acuerdo hasta la convocatoria de la Mesa de Negociación.
- Lo que hubo en la Mesa no fue en ningún momento una negociación, fue una dación de cuenta de una decisión ya más que firme y, de hecho, el acuerdo plenario se tomó a los cuatro días sin que, previamente, se volviese a mencionar el asunto o se diesen nuevas explicaciones al respecto.
- En ningún momento se nos ha informado, por ningún medio, de la fecha de entrada en vigor del acuerdo; del proceso que se va a seguir para el cambio de situación, ni de los pasos a dar; hasta el día de hoy en el que se nos ha empezado a notificar un Decreto de la Alcaldía de fecha 5 de julio último en el que se nos anuncia que tal cambio tendrá lugar con efectos del próximo 1 de agosto, en el que causaremos alta en el Régimen de Asistencia Médico Farmacéutica de la Seguridad Social y se cancelará la póliza de seguro suscrita con entidad privada.
- En ningún caso se han dirigido ni han tenido en cuenta que hay personas de este colectivo que, en este momento, están recibiendo tratamientos por dolencias de gravedad, que no saben cuanto tiempo pueden tardar en normalizar su situación en el nuevo régimen; otras, pendientes de intervenciones quirúrgicas, etc. Y ni siquiera se han planteado la posibilidad de conceder un periodo transitorio para que nadie resulte afectado, pues no olvidemos que lo que está en juego es nuestra salud.

Los funcionarios integrados del Ayuntamiento de Burriana, nos hemos sentido sumamente perjudicados e indefensos ante la adopción de unos actos administrativos que consideramos ilegales, injustos y desproporcionados, en la misma línea seguida hasta ahora, de cargar sobre el colectivo de funcionarios y empleados públicos, en general, la culpa y responsabilidad por la nefasta situación económica en la que se encuentra esta administración municipal y a la que nosotros no hemos contribuido.

Por ello, nos vemos obligados a manifestar nuestro profundo malestar e indignación, ante estos hechos y el despectivo e irrespetuoso trato recibido, sin perjuicio de utilizar las medidas y procedimientos legales adecuados en defensa de nuestros derechos".