El Ayuntamiento reactiva el proyecto de urbanización del tramo central de la avenida de la Constitución y convoca a los vecinos

El Ayuntamiento ha reactivado el proyecto de urbanización del tramo central de la avenida de la Constitución y esta misma semana los técnicos municipales se han entrevistado con los vecinos afectados. En todos los plenos, desde el inicio de la presente legislatura, la concejala de Coalició Valenciana, Mercedes Giménez, ha estado preguntando sobre este tema, a lo que recientemente el concejal de urbanismo Javier Perelló respondía que el proyecto estaba en manos de los técnicos pero había otras cosas pendientes por lo que: “una cosa detrás de la otra”.

El turno para solucionar este problema enquistado parece haber llegado, casi dos años después de que en enero de 2008 el pleno avalara la anchura de 18 metros para el tramo central de la avenida Constitución que fija el vigente Plan General.

El pleno acordó entonces por unanimidad el desistimiento del procedimiento de aprobación de la modificación puntual número 25 del vigente Plan General de Ordenación Urbana. En virtud de aquel cambio, se mantiene el ancho de 18 metros fijado en el PGOU para el tramo central de la avenida Constitución, que conecta la zona de la Malva-rosa con la carretera del Grao, en los poblados marítimos.

La modificación que quedó sin efecto fue aprobada por el pleno el 1 de marzo de 2007 y reducía el ancho previsto a 14,5 metros, solución aportada por un gabinete externo por la existencia de viviendas consolidadas sobre parte del trazado original previsto para la vía pública.

Todos los grupos políticos respaldaron por unanimidad este acuerdo, en una votación en la que se ausentaron la edil María Ángeles Vicent Saera -por ser propietaria de terrenos en la zona-; así como el alcalde, José Ramón Calpe Saera, por su parentesco en cuarto grado con la concejala de Servicios Sociales.

El acuerdo adoptado en 2008 devolvió a 18 metros la anchura en este tramo central –no alineado-, entre las calles Joan Miró y Almenara, la misma que ya tienen los segmentos ya ejecutados del vial gracias al desarrollo del sector residencial NPR-2.

Si se acomete esta infraestructura se dará por cerrado un complicado procedimiento que comenzó hace 36 años con un primer diseño del vial en 1973 que ha sufrido distintas modificaciones y ha suscitado constantes debates sobre su resolución.

En el fondo de toda esta controversia estaba el histórico enfrentamiento entre vecinos y un deseo municipal de sacar el proyecto adelante, dejando a todos contentos. Sin embargo, cualquier decisión mal encaminada podría constituir un precedente de cara a aquellos que se opongan al planeamiento urbanístico, aduciendo lo ocurrido en el tramo central de la Avenida de la Constitución.

El 4 de septiembre de 2003 todos los partidos de la Corporación acordaron abordar la urbanización del tramo central de la avenida de la Constitución dado que ya están desarrolladas las unidades de ejecución A-1(a) y A2, A3 y A6, y con ellas 575 metros de este vial que es clave para el desarrollo y la vertebración de los poblados marítimos así como para el tráfico, con la consiguiente descongestión en la Avenida del Mediterráneo.

Incluso hay urbanizaciones como la NPR-2 y A-11 cuyas aguas pluviales se están vertiendo a acequias por no disponer de los colectores del tramo central de la Avenida de la Constitución. Desde 1998, cuando gobernaban en coalición PP y Bloc, que la urbanización de esta avenida ha estado presente en la vida política de manera reiterada, incluso ha aparecido varias veces en los presupuestos con consignación presupuestaria.

Pese a los miles de metros cuadrados que se urbanizaron entre 1997 y 2007, nadie ha sido todavía capaz de resolver estos 285 metros entre las calles Almenara y Joan Miró. Quedarían otros 465 metros hasta el Camí Fondo que no se ha planteado hasta la fecha por atravesar una zona muy consolidada.

En 1973 este vial se diseñó como una alternativa a la avenida del Mediterráneo con una amplitud de 32 metros. En base a aquella ordenación los vecinos de una parte de la calle se retiraron 16 metros y los de la parte contraria no se retiraron nada, a la espera de que se urbanizara la calle. Pasados los años, en 1983, el vial se rediseñó, y pasó a tener en los planos una amplitud de 18 metros, distancia que se mantuvo en el PGOU de 1995.

Con el fin de solucionar el desajuste existente entre las alineaciones reales y las alineaciones documentales, se le encargó en 2004 al letrado José Luis Lorente Tallada un informe en el que concluyó que “para resolver el evidente desajuste en las alineaciones, y regularizar urbanísticamente la zona, hay que expropiar los bienes de los propietarios que se encuentran al lado este, hasta obtener el suelo necesario, y llevar la alineación 9 metros más atrás, de la actualmente existente”. A los propietarios del lado oeste, propuso venderles los bienes sobrantes, hasta coincidir los lindes de sus parcelas con la alineación oficial del Plan.