El Ayuntamiento tendrá que pagar 1,4 millones de euros más por un dotacional educativo situado junto al Institut Jaume I

“A perro flaco todo son pulgas”. Eso parece ocurrirle al Ayuntamiento de Burriana que tendrá que destinar una desorbitada cantidad de millones de euros el año que viene a pagar justiprecios.

Si la semana pasada informábamos de que el municipio tendrá que abonar 3.740.879,4 euros más por la Papelera – ya se habían pagado 4.853.894,23 –, tras resolver el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el recurso presentado por la propietaria, AMEG, S.L., y que en breve se resolverá el justiprecio de otros 8.000 metros situados junto a la antigua fábrica, pertenecientes a los mismos propietarios, ahora se ha sabido que el pasado lunes el Jurado de Expropiación Forzosa de Castellón fijó el precio de un nuevo solar dotacional educativo contemplado en el PGOU, en casi 1,4 millones de euros. Se trata de cerca de 3.000 metros cuadrados, propiedad de unos particulares, situados en el lateral del Institut Jaume I, en la zona que recae a Talleres Oliver, que incluye toda la franja entre el centro educativo y lo que será la futura prolongación de la avenida del Transporte, que cerrará el anillo de circunvalación de Burriana por el suroeste. Los propietarios, ejerciendo su derecho, tras calificarles ya hace años el solar como dotacional, solicitaron que se hiciera efectiva la compra por parte del municipio, llegando ahora la resolución judicial, que todavía no se ha notificado a las partes.

En la reunión celebrada por el Jurado de Expropiación Forzosa de Castellón del pasado lunes también se trató el asunto de los 8.000 metros anejos a la Papelera, pero el tema se quedó sobre la mesa, hasta la próxima convocatoria, tras solicitar más informes. En estos momentos hay dos puntos de vista: uno que defiende que es de aplicación una nueva ley que reduce de manera significativa el justiprecio – en el cual confía el Ayuntamiento –, y otro que el precio debe establecerse teniendo como referencia el que ya se ha fijado para la Papelera, extremo éste que de producirse significarían 3,2 millones de euros más.

Respecto a la resolución judicial dictada por el TSJ que incrementaba el precio de la Papelera en 3,7 millones de euros, el ayuntamiento va a realizar el Anuncio del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo cual le permitirá disponer de 30 días más para estudiar si definitivamente lo presenta o no. El examen jurídico de la situación no parece ser nada optimista a causa de la perspicuidad del artículo 3.10 del PGOU sobre la situación de los propietarios de terrenos que queden afectos a destino dotacional público, en el que se reconoce para este supuesto un aprovechamiento subjetivo de 0,75 metro cuadrado de techo sobre metro cuadrado de suelo, y al que se refería la sentencia del TSJ.

Por parte del equipo de Gobierno se va a intentar una negociación in extremis con AMEG para ver si se puede alcanzar algún tipo de acuerdo que facilite al Ayuntamiento cumplir la sentencia. Algo que se aventura realmente difícil, pues en otro momento hubiese sido factible plantear otras posibilidades, como la permuta de terrenos municipales, pero en este contexto la liquidez prima sobre cualquier otra cosa. Cabe recordar que la propietaria de la Papelera El Mijares, Promotora Desarrollos Urbanísticos Ameg, S.L., en un escrito dirigido al Ayuntamiento en febrero de 2006 aportó hasta siete posibles soluciones a adoptar antes de que concluyera el plazo marcado por la ley para acudir al justiprecio, como la permuta de la Papelera por los terrenos municipales de Novenes de Calatrava, o que les aprobaran el PAI que habían presentado.