El equipo de gobierno no acude a la reunión de Despierta Burriana! con los propietarios de Sant Gregori

La pasada tarde el Salón de Actos de la Caja Rural San José de Burriana acogió una reunión informativa para los propietarios del PAI Sant Gregori, organizada por Despierta Burriana! y promovida por Enrique Daudí. Fueron muchos los vecinos que acudieron a la cita para informarse de primera mano de la situación actual y de las posibles consecuencias de la rescisión del contrato.

Daudí mandó una carta a todos los implicados, pero la más esperada de la noche, la alcaldesa Maria Josep Safont o algún representante del equipo de gobierno no acudió a la charla. Si estuvieron presentes el Agente Urbanizador, Miguel Ángel Bodí; el abogado del concurso de acreedores Francisco Ventura; el consultor inmobiliario internacional de la empresa CRM Federico López y dos abogados del Bufete Roseta.

Enrique Daudí fue el primero en tomar la palabra para defender la inquietud por la que están pasando los propietarios tras 15 años pagando un IBI por suelo urbanizable y que ha llenado las arcas municipales con unos 2.8 millones de euros. Matizó la importancia de hacer entre todos los afectados una asociación, porque “la unión hace la fuerza”. Pero lo que más le preocupa es las consecuencias de esta posible rescisión del contrato entre el ayuntamiento y el urbanizador preguntándose si la alcaldesa y el equipo de gobierno “¿han valorado todos los riesgos de esta decisión?”. En la sala, estuvieron presentes el portavoz del PP Juan Fuster quien no quiso tomar la palabra para explicar la situación y la líder de Cibur Mariola Aguilera quien sí salió a contar a los vecinos lo que ocurre entre las paredes del consistorio. La portavoz de Ciudadanos, Mª Jesús Sanchís no pudo estar presente por temas profesionales.

Aguilera explicó que durante estas semanas han recibido “amenazas jurídicas si no rescinden el contrato”. Anunció que este viernes el equipo de gobierno ha convocado un pleno extraordinario para llevar a cabo dicha acción, pero que Cibur les ha pedido que no realicen esta rescisión hasta que no se reúnan con los propietarios el 22 de marzo, pero “no nos han hecho caso”, según Aguilera. Por su parte, Cibur no tomará ninguna decisión este viernes al respecto porque “no quieren matar Sant Gregori” y acabó su intervención diciendo que “ojalá tenga que felicitar a la alcaldesa por esta acción, pero por ahora están asustados” por las demandas que les pueden llegar por parte de los propietarios.

Tras ella tomó la palabra el Agente Urbanizador del PAI, Miguel Ángel Bodí quien contó brevemente la historia de la empresa y del proyecto, además de todas las adversidades que se ha encontrado por el camino como el abandono de socios inversores, las reparcelaciones, los obstáculos interpuestos por el ayuntamiento y varios temas que todavía pueden afectar al proyecto como la ley de costas que prohíbe edificar a primera línea de playa. Confiesa que ha defendido este plan urbanizador desde que empezará en el año 2000 y que en 2005 podría haber estado acabado si no hubiera afectado el ciclo económico y la burbuja inmobiliaria. Explicó que pidió una suspensión al ayuntamiento para buscar nuevos inversores, pero que el consistorio no realizó tal acción, lo que llevó a la empresa al concurso de acreedores. Una prórroga concedida le dio un plazo de seis meses para buscar dicha inversión, pero que por alguna razón al equipo de gobierno le ha entrado prisa y quiere rescindir el contrato ya, porque dicen que dicha prórroga finaliza este marzo; cuando Bodí defiende que aún le quedan tres meses más. Esta postura fue avalada por los abogados del Bufete Roseta.

Los motivos por los que el consistorio quiere rescindir este contrato son cuatro: en primer lugar sería por no haber empezado las obras en febrero de 2012, segundo por no haber expropiado unas tierras desde Sant Gregori hasta la playa de Almazora, tercero por el aval de 3 millones de euros que decretó el ayuntamiento para la construcción del campo de Golf y por último, por el tema de la ley de costas.

Por su parte, el abogado del concurso de acreedores, Francisco Ventura, explicó a la sala que la decisión de rescindir el contrato se ha tomado deprisa y corriendo, sin saber las consecuencias reales que conlleva esta acción. Además asegura que el equipo de gobierno se está cubriendo las espaldas para protegerse de las demandas de los propietarios, pero dijo que “esas demandas nunca llegarán si no se rescinde”. Además defiende la postura del urbanizador que está buscando nuevos inversores para llevar a cabo el proyecto.

Esta opinión fue también respaldada por Federico López, el consultor inmobiliario de la empresa internacional CRM en proyectos urbanísticos con complejidad. Estuvo hablando sobre la situación actual del sector inmobiliario nacional que está empezando a ver la luz al final del túnel. Su entidad trabaja con fondos desarrolladores que aportan capital a una empresa local para que lleve a cabo el proyecto y luego ellos reciben un beneficio. Hay algunos fondos de inversores interesados en el PAI de Sant Gregori, que buscan zona de costa para inyectar su capital y esta zona es muy atractiva para ellos. Pero la incertidumbre creada por los medios de comunicación y los partidos políticos hacen que los inversores se alejen de Sant Gregori y busquen nuevos proyectos en otros lados, tanto a nivel nacional como internacional. Además aseguró que si se rescinde ahora mismo el contrato con el actual agente urbanizador, el proyecto del PAI de Sant Gregori tardaría 13 años más en ver la luz a consecuencia de los ciclos económicos y de las decisiones políticas. Para que Sant Gregori funcione debe haber también interés político.

Tras el turno de intervenciones los propietarios expusieron sus dudas y sus preguntas a los oradores. Pero el ambiente estaba cargado de confusión y desconfianza hacia esos futuros inversores, sobre las consecuencias jurídicas, sobre la deuda del PAI y sobre el injusto IBI que están abonando desde hace 15 años.

El viernes se abre un nuevo capítulo con la realización del pleno extraordinario a las 09.00 horas donde pueden acudir todos los vecinos que lo deseen y les informarán sobre la decisión final de si rescinde o no el contrato del PAI Sant Gregori.