Sant Gregori tendrá que esperar al pleno de abril debido a la necesidad de aprobar un estudio de detalle

La aprobación de Sant Gregori se alargará un mes más, hasta el pleno del 2 de abril, debido a la aprobación de un estudio de detalle para cambiar la calificación de 15.000 m² de techo hotelero a residencial, según ha informado el alcalde, José Ramón Calpe. El proyecto original planteaba 51.000 m² de techo para la construcción de plazas hoteleras. Debido a cuestiones de mercado y preferencias de las propias promotoras se cambia la calificación de 15.000 metros cuadrados, quedando otros 36.000, lo cual supone dejar Sant Gregori con alrededor de 800 plazas hoteleras; una cifra bastante considerable. Este cambio ya estaba contemplado en el primer proyecto de reparcelación. Había diversidad de criterios acerca de si con la aprobación de la reparcelación ya se verificaba este cambio; sin embargo el arquitecto urbanista, Gerardo Roger, redactor del proyecto de Sant Gregori ha recomendado la aprobación de un Estudio de Detalle, tal y como establece el Plan Parcial, para tener una mayor seguridad jurídica. Este Plan ya está redactado y será aprobado en breve por el alcalde mediante decreto, que será sometido a exposición pública por espacio de un mes.

Ayer, tal y como estaba previsto se produjo una reunión entre los representantes de la empresa Golf Sant Gregori con el alcalde, el concejal de urbanismo, Javier Perelló, la abogada Amparo Baixauli, contratada para supervisar el proceso, y todos los técnicos de mayor rango del Ayuntamiento.

Amparo Baixauli presentó un informe, después de haberse estudiado las alegaciones al segundo proyecto de reparcelación presentado el pasado 3 de octubre. A partir de ahora, siguiendo las indicaciones de Baixauli, el Agente Urbanizador tendrá que hacer varias modificaciones que esperan tener terminadas en torno al día 20 de febrero. Cabe destacar, que en esta ocasión no es necesario que las modificaciones que se produzcan a raíz del informe de Amparo Baixauli se sometan a información pública, aunque los propietarios dispondrán de un periodo de audiencia de quince días.

En estos momentos políticos, técnicos municipales, técnicos externos y el Agente Urbanizador están alineados para dar el último empujón a este proyecto que se presentó en noviembre de 2000, hace algo más de ocho años.