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Casi un mes después, los representantes del Ayuntamiento de Burriana y el agente urbanizador del polígono Llombai Monges, Urbanizadora Llombai, S.L., se han entrevistado hoy a medio día para ver cual es el camino que adopta el municipio tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que declaró nulo el acuerdo por el que se aprobó definitivamente el PAI y el Plan Parcial, y se adjudicó la condición de agente urbanizador a Urbanizadora Llombai, S.L. Han asistido a la reunión por parte municipal el alcalde, José Ramón Calpe, el concejal de urbanismo, Javier Perelló, la Secretaria Municipal, Iluminada Blay, y la Jefa del Servicio de Urbanismo, Clara Aragonés; y por parte de la mercantil su gerente Enrique Granell, el director financiero, Adriano Enrique, y el abogado de la compañía José Mª Baño.

El primer paso que va a dar el Ayuntamiento, después de haber anunciado el viernes pasado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo, es llevar al próximo pleno ordinario un acuerdo de ejecución provisional de sentencia para paralizarlo todo, ya que la empresa había llegado a cobrar un 20% de las cuotas de urbanización correspondientes a la primera certificación, que tras el acuerdo, deberá devolver.

Tras una reunión del equipo de Gobierno con los asesores jurídicos del Ayuntamiento, el pasado 17 de octubre, todo indicaba que éste se inclinaba por asumir la gestión directa del PAI, iniciando de nuevo todo el proceso, con la redacción de un nuevo Plan Parcial, o lo que es lo mismo, un nuevo mapa de calles y manzanas, distinto al que se iba a ejecutar. Cabe puntualizar a este respecto, que tan inminente era el inicio de las obras del polígono, que la empresa ya había empezado a realizar movimientos de tierras dentro de sus parcelas.

Sin embargo, casi dos semanas más tarde, cobra fuerza otra vía; el Ayuntamiento se plantea respetar en su totalidad el Plan Parcial, que volvería a someterse a información pública, y también el Proyecto de Urbanización. De ser así, en cinco o seis meses volvería a situarse procedimentalmente en la fase de reparcelación, cuyo proyecto sí que tendría que cambiar necesariamente. El agente urbanizador sería el Ayuntamiento, y por lo tanto los terrenos con los que pagarían los propietarios que optaran por esta modalidad de retribución habría que asignárselos a la administración local. Y por otro lado, desde la entrada en vigor de la nueva ley del suelo, de julio de 2007, los Ayuntamientos ya no están obligados a pagar cuotas de urbanización por el 10% de aprovechamiento urbanístico que les corresponde, por lo que ese porcentaje de cuotas de urbanización – alrededor de 2 millones de euros – deberán pagarlo el resto de propietarios del PAI, cuyas cuotas de urbanización se verían aumentadas en un 10%.

Por su parte, la empresa, que resultó adjudicataria en su momento, y que tenía hasta el proyecto de reparcelación aprobado, tiene la intención de solicitar una compensación económica, al sentirse seriamente perjudicada; un asunto que, sin duda, de no alcanzarse algún acuerdo, puede acabar en los Tribunales.