Conclusiones de Coalición Valenciana respecto a la Comisión de Investigación de la Papelera

Mercedes Giménez, portavoz de Coalición Valenciana en el ayuntamiento de Burriana, quiere comunicar que, tras la finalización de la Comisión de Investigación de la Papelera, no hemos hecho más que afianzarnos en la postura que siempre habíamos mantenido y que explicaremos más adelante, pero sí nos ha servido para aclararnos algunos puntos que pasamos a detallar:

1. Que en el momento que se cierra la Papelera, es cierto que era deudora del ayuntamiento, pero, lo que se ha dicho que no se instaron las vías de apremio de las cantidades adeudadas, no es cierto, ya que el procedimiento de apremio, sobre cualquier deuda de impuestos o tasas, se inicia de oficio una vez transcurrido el período voluntario de pago. Otra cosa, son las notificaciones a los deudores, que en este caso habían desaparecido y no tenían domicilio conocido.

2. Sobre porque no se reclamaron e inscribieron las deudas tributarias en el registro a partir del año 1983, las aclaraciones del sr. Ferrandis concejal de urbanismo del PSOE, en aquel momento, fueron textualmente: “era una época muy difícil, muy politica. Era una época que primaba la politica, veniamos de la transición y solo nos dedicabamos a las cosas grandes, lo importante no era si se cobraban o no las tasas, sino lo más importante era que no cerrara la papelera, que cobraran los trabajadores, etc. A nivel de recaudación se llevaba desde el ayuntamiento pero con pocos medios”.

Lo triste del caso es que la papelera ya había cerrado.

Preguntado por qué no se inscriben las cargas en el registro el año 1988, su contestación fue: “no lo se, pero de todas formas cuando entró el partido popular ya funcionaban los ordenadores”. El partido popular empieza a gobernar en 1995. Pasan 7 años.

Creemos que hasta aquí la conclusión es un total desinterés.

A continuación, se redacta el plan general de ordenación urbana (aprobado en 1995) y se grafía la papelera como uso dotacional sanitario, con la esperanza de que se instale en estos terrenos el hospital de la plana, cosa que no sucede y, a partir de este momento, la papelera pasa, por parte de todos, al cajón del olvido. Nadie pidió ni insinuó que se recalificaran dichos terrenos. Ningún grupo de los que entonces estaban en el ayuntamiento se interesó por el tema de la papelera, hasta que en 1996 se encarga, por el departamento de intervención, al abogado D. Vicente Aleixandre que realice una gestión sobre la titularidad de las papeleras y las cargas que sobre ellas existen, informe que presenta el 9 de enero de 1997 y en diciembre de 1998 redacta otro informe sobre la posible adquisición de los inmuebles

3. Que en el tan nombrado informe del Sr. Aleixandre, además que desaconseja la compra de la papelera, no dice que el ayuntamiento deba presentarse a la subasta, lo que expone es que, cuando se efectuase la subasta, el ayuntamiento podrá presentarse o no a la misma, dependiendo de su interés en el inmueble. Y dice literalmente: “hay que desestimar cualquier solución de compra venta de las fincas, existiendo otra vía, caso de interesar su adjudicación, que es acudir a la subasta que de las mismas se producirá en el procedimiento sumario del art. 131 de la ley hipotecaria que parece ser iniciado por Banesto ante los juzgados de Vila-real, en el que el ayuntamiento podría concurrir a la subasta que de las mismas se llevaran a cabo en su día”.

4. A partir de esto, nos hemos informado de la conveniencia de que el ayuntamiento acudiera a la subasta y, recabadas diversas opiniones de técnicos, nos informan que es muy complicado que un organismo público pueda concurrir a una subasta por varias razones:

a.- Para adquirir cualquier bien que el ayuntamiento quisiera adquirir, hay que incluirlo en el presupuesto municipal, ya que no se puede adquirir nada sin tenerlo presupuestado, es ilegal.

b.- ¿Qué cantidad debería haberse consignado para poder pujar? ¿200 millones? ¿300 millones? Y ¿si hay otro postor que oferta más de lo que el ayuntamiento tuviera presupuestado? No hubiera servido para nada.

Además que las deudas del ayuntamiento nunca hubieran sido preferentes, frente al pago a los trabajadores o las hipotecas que ya habían sido inscritas por los bancos. Así lo manifiesta el reglamento general de recaudación en su artículo 77.1. Con lo cual la solución tampoco pasaba por acudir a la subasta.

Hasta aquí nadie en el consistorio sugiere en ningún momento la recalificación de los terrenos y, efectuada la subasta, como ya es sabido, los terrenos son adquiridos por la empresa AMEG S.L. a partir de este momento es cuando al ayuntamiento se le plantea la coyuntura sobre tomar una decisión.

En la sesión del día 15 de febrero la representante de CIBUR aporto copia de un informe realizado por el despacho de abogados Guinot y Falomir en junio de 2006, informe entre comillas, ya que venía sin membrete y sin firmar por nadie.

¿Y porque se envío de incognito?, pues porque este informe no fue solicitado por el ayuntamiento, si no por una empresa privada (FADESA),que nada tenía que ver con el ayuntamiento.

Este despacho de abogados (con una ética muy dudosa) contacto con el anterior alcalde ofreciéndole este informe como forma de evitar el justiprecio para lo cual ofrece las siguientes soluciones:

- Reclasificar los terrenos
- Transferir el aprovechamiento urbanístico a otro ámbito.
- Que la empresa ceda gratuitamente los terrenos con una reserva de aprovechamiento para efectuarla con posterioridad.

Al ser examinado por la secretaria del ayuntamiento, persona que merece toda nuestra confianza y credibilidad, desestima estas soluciones por no ser viables a excepción de la reclasificación, pero estas soluciones son las mismas que propuso la empresa propietaria de la papelera.

Por tanto nada aporta este informe a excepción de dejar en entredicho la forma de trabajar de algunos profesionales.

A partir de aquí al ayuntamiento solo le quedan dos opciones o recalifica los terrenos o los expropia y es la decisión que se debía tomar desde el consistorio.

Es entonces cuando empiezan las discrepancias entre los dos grandes partidos políticos.

El partido socialista anuncia que su postura es la de acudir al justiprecio y que cualquier otra solución que se tome será un pelotazo. A la vista de los 12 millones de euros que el ayuntamiento va a tener que pagar por haber ido al justiprecio, tendrían que asumir su parte de responsabilidad, ya que el decir “nosotros no gobernamos”, a nuestro entender es una pobre excusa.

En el seno del PP hay quien aboga por la recalificación, llegando incluso a preparar el expediente correspondiente y llevarlo a la comisión de obras, mientras que el anterior alcalde opta por no hacer nada, deja pasar el tiempo y nos encontramos en la situación actual. Sin lugar a dudas son los máximos responsables de este desaguisado, el anterior alcalde por su total dejadez y cabezonería y el resto por no plantarle cara y hacerle cambiar de opinión.

Por lo tanto esta comisión solo ha servido para que se confirmara que nuestra postura, la recalificación de los terrenos, desde el principio era la acertada ya que, no solamente el ayuntamiento no hubiera tenido que pagar ni un euro, sino que además hubiera obtenido ingresos, por licencia de derribo de urbanización y de construcción. Pero una vez más nuestra opinión, a pesar de ser la más viable, no se tuvo en cuenta y las consecuencias han sido el tener que pagar casi 12 millones de euros.