Bravo defiende que las comunidades autónomas asuman competencias para la reforma de la Justicia
La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha instado al Gobierno central a que permita a las comunidades autónomas asumir las competencias necesarias para llevar a cabo una reforma integral de la Justicia que termine con el modelo "obsoleto e ineficaz" en el que está vigente.
Gabriela Bravo ha defendido esta iniciativa en la conferencia que ha ofrecido este martes en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, acompañada por el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, que ha actuado de presentador del acto.
La consellera ha recordado que, hace un año, -y en el mismo foro- defendió la necesidad de cerrar un nuevo pacto de Estado por la Justicia en cuya gestación se debía contar con las comunidades autónomas con competencias en la materia. Sin embargo, un año después, "las autonomías seguimos sin ser escuchadas".
Aunque Gabriela Bravo ha explicado que el liderazgo de ese pacto de Estado debía ser asumido por el Gobierno de la nación, si éste "no está dispuesto a ejercer esa función, es preferible que las competencias oportunas sean asumidas por las comunidades autónomas, siempre con el correspondiente respaldo constitucional". La consellera ha lamentado que se acumulan "dos legislaturas perdidas" puesto que "desde 2011 no se ha producido ni una sola propuesta legislativa de calado".
Gabriela Bravo ha explicado que la Justicia española adolece "de una estructura y organización arcaica que impide rentabilizar las inversiones de forma satisfactoria". El constante incremento de unidades judiciales durante estos años "no ha sido capaz de reducir el atasco provocado por el aumento de la litigiosidad" y, además, ha provocado que el sistema organizativo de los juzgados sea "muy costoso y poco rentable".
En este sentido, la consellera de Justicia ha recordado que la organización territorial judicial española "data de principios del siglo XIX" y por eso, hay que "acomodarla a la realidad política, económica y demográfica actual" porque, por ejemplo, no tiene sentido que el territorio nacional siga dividido en 422 partidos judiciales puesto que la eficacia requiere "partidos judiciales de mayor extensión y grandes sedes" dado que las distancias son más fáciles de salvar hoy que hace 200 años, lo cual, según la consellera permitiría "redistribuir el mapa judicial y concentrar sedes compatibles con la creación de una justicia de proximidad".
En este concepto de justicia de proximidad es donde las comunidades autónomas, según Gabriela Bravo, deberían tener su papel protagonista. Sin embargo, en materia de Justicia, "la transferencia de competencias no ha quedado bien resuelta" a pesar de que "la gestión es compleja por la diversidad de instituciones que confluyen en la política judicial del país".
La consellera ha recordado que la Justicia en España está descentralizada entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial y, a su vez, descentralizada en parte con siete comunidades autónomas con competencias transferidas que se limitan a la gestión de medios materiales, del personal y el servicio de justicia gratuita.
En este modelo, las autonomías no pueden actuar sobre dos de las variables que más influyen en el funcionamiento de la justicia: la creación de plazas y la organización judicial. Por ese motivo, la consellera ha lamentado que la inversión autonómica en Justicia durante la última década ha sido "estéril" porque los gobiernos regionales "carecen de los instrumentos legislativos necesarios para incidir en las variables que más condicionan la actividad judicial".
295,3 millones para mejorar la Justicia en la Comunitat
Gabriela Bravo ha asegurado que, pese a todo, a las comunidades "no nos queda más remedio que seguir invirtiendo en un modelo anacrónico". En ese sentido, en este 2018, la Conselleria de Justicia dispone de un presupuesto de 295,3 millones de euros, un 20 por ciento acumulado superior al 2015. Es una cifra que permitirá atender "el lamentable estado de las sedes judiciales de la Comunitat Valenciana" donde "el 85% "necesita actuaciones de mejora".
Para ello, según la consellera "hemos diseñado una hoja de ruta que nos permite abordar este cometido de forma integral mediante una planificación a corto, medio y largo plazo". Además, la consellera ha recordado que durante el pasado 2017 se pusieron en marcha ocho grandes proyectos de remodelación integral de edificios.
A lo largo de 2018 serán otros diez, en los que se invertirán 22 millones de euros. También, a finales de este año, se habrá superado las nuevas fases del proceso de implantación de la nueva oficina judicial, un sistema de organización del trabajo basado en criterios de agilidad, desburocratización, trabajo en equipo, especialización, concentración y proximidad al ciudadano. La consellera ha apuntado que en este 2018 "pondremos las bases para superar el atraso tecnológico de la Justicia valenciana.
La consellera ha explicado que junto a las inversiones directas, su departamento va a "mantener el pulso" para asegurar el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad. En este punto, según Gabriela Bravo, "va a jugar un papel vital la nueva red de oficinas de la Generalitat de atención a las víctimas del delito" que abrirá sus puertas el próximo 1 de febrero con 22 oficinas, cinco más de las que había hasta ahora, y antes de que termine el año nacerán otras cuatro para cubrir mejor todo el territorio. Para la consellera, esta estructura "sin parangón en el resto del Estado, es imprescindible para colocar a las víctimas como protagonistas centrales del proceso penal".
Por otra parte, la consellera de Justicia ha recordado que se ha impulsado una Ley de Mediación para la Comunidad Valenciana, cuyo proyecto de ley será aprobado por el Consell el próximo mes de febrero.
Gabriela Bravo ha explicado que otra de las apuestas de su acción política "desde el primer día" ha sido la mejora del sistema valenciano de justicia gratuita para el que se ha creado un nuevo reglamento que ha permitido ampliar el acceso a la Justicia de aquellos grupos sociales más necesitados de apoyo público. Además, la Conselleria de Justicia ha aumentado, para este 2018, la partida al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados para el turno de oficio.
Así, el presupuesto asciende a 33,5 millones de euros, un 64% por ciento de incremento respecto al presupuesto de 2015 de manera que los letrados del turno de oficio "no solo recuperan, sino que por fin superan las compensaciones que recibían hace doce años", ha dicho la consellera.
La consellera también se ha referido a la nueva ley de Función Pública Valenciana, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consell el pasado viernes y que será "un instrumento dinamizador para la modernización de la administración pública valenciana, necesario para alcanzar otro de los grandes objetivos del Consell del Botànic: dotar a la Generalitat de una Administración pública transparente, independiente y profesional".
