Bonig anuncia que el PP presentará una Ley de Servicios Sociales para corregir el "desastre" en la gestión del Consell
La Síndica del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Isabel Bonig, ha anunciado hoy que el PP va a presentar en Les Corts una ley de servicios sociales ante la creciente preocupación por el desastre en la gestión de servicios sociales en la Comunitat.
Bonig ha realizado estas declaraciones tras reunirse con el Síndic de Greuges, José Cholbi, con el que ha analizado la "preocupante" gestión en materia de Educación y servicios sociales reflejada en los último informes de esta institución.
La Síndica popular ha explicado que se va a presentar esta ley que se está ultimando ante "la inacción de un Consell que ha sido incapaz de presentar una ley donde ordena y resuelva quien tiene competencia en qué en materia social".
Bonig ha advertido que "los alcaldes ya no pueden resistir más esta situación sobre la valoración de la dependencia, donde Oltra ha derivado competencias sin dotarles presupuestariamente y ahora se enfrentan a problemas como la imposibilidad de contratar personal. La valoración está taponada por la falta de capacidad de los ayuntamientos".
Para la dirigente popular, "este Consell no hace nada, no hay gestión, genera problemas y todos sus decretos van siendo anulados por los tribunales y eso que gestiona 18.000 millones de euros, este año con 851 millones de euros más".
La dirigente popular ha indicado que "la señora Oltra está huida de Les Corts y no aparecerá en cuatro meses. Huye porque la gestión en servicios sociales está siendo un desastre y nos preocupa mucho. En enero de 2006 delegó las competencias para la valoración de la dependencia a los ayuntamientos pero sin determinar cuáles eran sus competencias y sin dotarles de presupuesto. Eso está obligando a que los alcaldes tengan que estar tomando decisiones en contra de los informes de los secretarios y de los interventores. No tienen más opción que seguir adelante y acabar posiblemente en algún proceso penal o siendo responsable ante el Tribunal de Cuentas o, la otra opción, hacer caso de sus técnicos y no resolver el problema de la dependencia".
Bonig ha advertido que "hay más de 18.000 personas en situación en espera para la valoración de la dependencia y 14.000 personas todavía no cobran. Y con todo esto pendiente se va a Gaza a resolver los problemas del mundo".
"Marzà debe tener en cuenta la resolución judicial"
La representante popular también se ha referido a las quejas en educación. "Solo en el primer semestre la Sindicatura ha recibido 4.700 quejas, cuando en todo 2016 fueron 5.295 sobre tema educativo. La gestión en materia de educación está siendo un desastre, de una imposición ideológica total y absoluta con el decreto del chantaje lingüístico. El PP no está en contra del valenciano. Queremos que su cumpla el auto del TSJCV y que se abra un nuevo plazo de matriculación en los centros porque se han conculcado los derechos de los padres, de los profesores que han elegido plaza, y del centro educativo que ha elegido un proyecto lingüístico basado en un decreto que no está en vigor porque está paralizado por un tribunal, no por el PP".
La Síndica popular ha explicado que "hasta ahora Educación no ha dado instrucciones claras sino que ha intentado eludir el cumplimiento de la resolución judicial, igual como empezaron los independentistas catalanes. Los tribunales dicen una cosa pero yo no lo cumplo y sigo aplicando mi decreto".
Bonig ha recordado que "le he tendido mi mano al president Puig porque tiene un problema de radicalidad y sectarismo en su gobierno que está afectando a cinco millones de valencianos. Sentémonos y fijemos unas reglas claras. Si las nuevas instrucciones del conseller no tienen en cuenta la resolución judicial, el PP lo llevará a los tribunales. Vamos a estar en espera, han pasado tres semanas, no hay ninguna instrucción por escrito y se debe abrir un nuevo plazo de inscripción".
"El corredor mediterráneo es un proyecto europeo"
Por último, Isabel Bonig se ha referido al corredor mediterráneo. "Es un proyecto europeo, financiado por la UE. Si los separatistas catalanes apuestan por la independencia, también de Europa, no puede haber financiación del Corredor Mediterráneo. Hoy Puig debería salir y mostrar el total apoyo al Gobierno de España para defender la integridad territorial de España. Esto es una infraestructura que es buena para la economía valenciana pero sobre todo es un proyecto que vertebra España".
